La pluralidad de voces, objetivo declamado al momento de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no será realidad si el Gobierno insiste en perseguir a quienes mantienen posiciones críticas al oficialismo.
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El cumplimiento de la ley es una base esencial del sistema democrático. Igualmente imprescindible es la aplicación de las normas sin discriminaciones de ninguna naturaleza. Esta no parece ser la regla para la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que insiste con hacer interpretaciones selectivas de la llamada ley de medios, para beneficiar a grupos afines al oficialismo y perseguir a quienes tienen posiciones críticas.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en un enérgico documento advirtió que la mayoría del directorio del organismo decidió ayer, en un trámite exprés, rechazar el plan de adecuación voluntaria presentado por el Grupo Clarín e iniciar la transferencia de oficio de los medios audiovisuales que lo integran. Esta es una medida intempestiva, discriminatoria y que no se ajusta a las pautas oportunamente fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Un año atrás, el 29 de octubre de 2013, el máximo tribunal de la Nación puso fin a una larga controversia judicial, al declarar constitucionales artículos de la ley de medios que habían sido cuestionados por aquella empresa multimedia.
Pero en esa oportunidad, la Corte advirtió que “la autoridad de aplicación debe respetar igualdad de trato, tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, no discriminar sobre la base de opiniones disidentes y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural”.
El fallo consideró asimismo que “es de vital importancia recordar que tampoco se puede asegurar que se cumplan los fines de la ley si el encargado de aplicarla no es un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión”.
Casi 12 meses después, la resolución de AFSCA demuestra la importancia de aquellas advertencias de la Corte, ya que el organismo de aplicación de la ley fuerza una adecuación de oficio mientras demora sin fundamento alguno el análisis de planes de cumplimiento presentados por otros grupos de medios.
La pluralidad de voces, objetivo declamado al momento de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no será realidad si el Gobierno -y más aún un organismo como AFSCA, que debería ser ecuánime en sus decisiones- insiste en perseguir a quienes mantienen posiciones críticas al oficialismo. El principal perjudicado será, sin duda, todo ciudadano que aspira a recibir información independiente, sobre todo cuando esta no sea del agrado del poder de turno, finaliza el documento de Adepa que firman su presidente, Guillermo Ignacio; y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet.
