El caso, que tuvo mucha trascendencia, ocurrió en Villa Gesell en enero de 2014, cuando según lo denunciado y lo determinado en la investigación judicial, tres miembros de la familia Ginepro tuvieron privada de su libertad a una mujer, la que fue rescatada posteriormente por la policía.

 

Mónica Graciela Stifelman, de 61 años, había desaparecido a comienzos de enero de ese año 2014 según su hijo, quien dijo que hacía semanas que no podía tener contacto telefónico, ni por redes sociales con su madre, precisando que esta sufría de incapacidad visual y que desde hacía aproximadamente ocho meses estaba en concubinato con José Ginepro, quien a su entender la tenía privada de su libertad.

 

La causa se inició por “Averiguación de Paradero”, y pasados algunos días sin poderse ubicar el paradero de la mujer se pidió a los medios de comunicación colaboración para dar con ella.

 

El propio Fiscal Dr. Eduardo Elizarraga encabezó la investigación, realizándose más de diez allanamientos en diversas viviendas de Villa Gesell buscando a Stifelman y a sus captores, lográndose a través de un llamado telefónico ubicarla en una casa de la zona sur de la localidad, donde fue liberada por la policía, debiendo la víctima ser atendida por médicos ya que se encontraba en estado de shock.

 

La causa fue caratulada como “privación ilegítima de la libertad agravada por la condición de la víctima”, siendo imputados y detenidos José Agustín Ginepro, como también sus hijos Laura y Claudio Ginepro.

 

La causa fue elevada a juicio oral, habiéndose determinado que el mismo se realizaría en el mes de septiembre de 2017 ante el Tribunal en lo Criminal nº 1 de nuestro Departamento Judicial, pero promediando el pasado año familiares de los imputados realizaron un “acampe” frente a la sede del mismo pidiendo mayor celeridad en el juzgamiento, mientras que los procesados y la defensa realizaban una presentación en similar sentido.

 

Y la Cámara Penal de Dolores avaló esa solicitud en una resolución dictada el pasado  29 de diciembre, donde los Jueces sostuvieron, “que sin perjuicio de no conocer la agenda de debates orales…” que tenían los tribunales criminales y los juzgados correccionales del sistema penal de nuestro Departamento Judicial (Nota: con fechas de juicios establecidas ya para el año 2018)…”, no era menos cierto “que desde el año 1890 la Suprema Corte de Justicia recomendó a las cámaras, juzgados y tribunales de crimen, la observancia de los términos legales en la sustanciación de las causas criminales y correccionales, dando al despacho de los procesos la preferencia que por su naturaleza requieren”. Agregando, que “el artículo 339 del Código Procesal Penal establece como plazo para que se celebre la audiencia de debate el de seis meses, prorrogables ante causas complejas… máxime cuando se está hablando de causas en las que los imputados se encuentran privados de la libertad”.

 

Más adelante la resolución de la Cámara indicó los Pactos Internacionales que hablan de plazos razonables para que los imputados sean enjuiciados, y haciendo referencia en particular a la situación planteada en este caso, los Dres. Felipe Defelitto, Fernando Sotelo y Susana Miriam Yaltone, por unanimidad resolvieron notificar al Tribunal que debía realizarse el juicio oral en la causa Ginepro este fin de semana largo de carnaval y los siguientes días sábado y domingo.

 

Sin dudas la resolución de la Cámara Penal significará un precedente en nuestro Departamento Judicial que podría transformarse en un delicado disparador, de pedidos de igual tenor por parte de procesados, particularmente los que se encuentran detenidos, que podrán considerar tanto ellos como sus abogados que “han superado el plazo razonable para ser juzgados”.