Por: Jorgelina Mena
La medida resuelta ayer detalla "ordenar a la MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL que se abstenga de realizar todo tipo de obra y actividad respecto a la apertura de la calle 31 del Paraje Las Gaviotas y de la construcción del Corralón Sur en la parcela 8, manzana 222, sección E, de la Circunscripción IV, partida 125-032144-5, hasta tanto se resuelva la medida cautelar en cuestión".
De esta manera la justicia le pone límite a la sinrazón y a la actitud ciega, sorda y muda del Secretario de Planeamiento Gerardo Galli y todo el plantel del Ejecutivo municipal ante el reiterado reclamo y pedido de un gran grupo de vecinos de Mar Azul, Las Gaviotas y Mar de las Pampas que se opuso desde el día cero a una obra que viola el Código de Ordenamiento Urbano (COU) y las más elementales leyes medioambientales.
Los amparistas, representados por los letrados Dr. Claudio Daniel Munafó y la Dra. Patricia Escofet, dejaron claro en su reclamo judicial el perjuicio que la obra del corralón municipal trae consigo por la "ilegítima, irresponsable, desaprensiva, antijurídica y dañosa conducta del Ejecutivo local quien comenzó a ejecutar una obra pública de apertura de calles desconociendo la obligación de instar el procedimiento preventivo de Evaluación de Impacto ambiental a los efectos de acceder a una parcela en la que se pretende emplazar el Corralón Sur a pesar del hecho que la zonificación vigente prohíbe ese uso conforme las disposiciones del C.O.U. vigente".
La letra del amparo es contundente y cita la definición del COU respecto de la zona elegida por el municipio para la construcción del corralòn: "Mar Azul y Las Gaviotas se propone como una zona residencial de máxima tranquilidad, con el equipamiento y servicios comerciales mínimos como complemento de la vivienda y área de prestación de servicios particularmente para la construcción en coincidencia con la zona destinada a población estable”.
En la zona hay otros espacios adecuados para una obra de este tipo, los vecinos más informados y los que quieran ponerse al tanto pueden corroborarlo. No hay dudas sobre la necesidad del corralón municipal para las localidades del sur. Los vecinos exigen coherentemente que se emplace en un lugar apto por zonificación.
Este stop judicial, que le da al municipio el margen de cinco días hábiles para que presente la Declaración de Impacto Ambiental expedida por el Organismo provincial para el desarrollo sostenible (OPDS), deja en claro que el Estado que debe preservar el cuidado del medio ambiente, planificar y dar respuestas a las necesidades de la comunidad sin avasallar las leyes.
Para los vecinos en general el mensaje es alentador, ya que deja en claro que cuando los derechos son pisoteados por decisiones gubernamentales que se toman en base a la imposición del poder en si mismo y sin criterio, los ciudadanos tienen las herramientas para ser escuchados y obtener respuestas como lo es esta medida cautelar.
