En el mes de agosto el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Cabutti -acompañado por la concejal y abogada Claudia Cima- se hizo presente en los tribunales de Comodoro Py donde se dirigió al despacho del juez Ariel Lijo. El edil realizó una presentación judicial por la situación del plan de viviendas en Villa Gesell que se comenzó durante la gestión del ex intendente Jorge Rodríguez Erneta. Presentarse en ese lugar no fue antojadizo. Ese juez, es quien investiga al vicepresidente Amado Bouduo y es quien determinó el allanamiento en la municipalidad de Partido de la Costa por una situación similar a la que se vive en Villa Gesell: plata que habría llegado, casas que no están.
La declaración de Cabutti formó expediente, fue sorteado y recayó en manos del juzgado del doctor Ramos. En el mes de octubre, Cabutti fue convocado a ratificar la denuncia. Y lo hizo. Ante el nuevo juez, el concejal volvió a repetir su denuncia aportando una carpeta con 86 fojas de pruebas.
La explicación de Cabutti
Consultado por El Nuevo Geselino, el concejal señaló: “Nos presentamos en el juzgado del Dr. Lijo y señalamos que escuchamos por televisión que hubo un allanamiento en la municipalidad del Partido de la Costa, con referencia al plan nacional de vivienda y por lo que escuchamos a través de los medios, nos resultó una situación bastante semejante a lo que ocurrió en nuestro distrito, Villa Gesell. Aquí se empezaron a realizar en el año 2009, en el marco del Plan Federal de Vivienda, la construcción de 346 viviendas. Aportamos documentación en copia, una carpeta con 86 fojas, de la que se desprende que se enviaron los fondos para la construcción de dicho proyecto a través del Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Y según nos informó quien era el sub secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, el Arquitecto Luis Bontempo, esos fondos se transfirieron y se acreditaron en la cuenta de la municipalidad de Villa Gesell. Entonces, y de acuerdo, al relevamiento que nosotros hemos hecho, el plan pese a contar con los fondos para realizarse, no se culminó y se encuentra en un estado incipiente. En algunos casos hasta de abandono, ya que muchas de las viviendas, ni si quiera se comenzaron”.
Sobre la documentación presentada Cabutti, dijo: “la documentación a la que hacemos referencia consiste en la contracción de tres barrios que totalizan 346 viviendas. Sin embargo, según nuestro análisis de campo, al año 2013 se encuentran 80 viviendas terminadas, 40 con avances de obra, 206 en estado de abandono y 20 sin comenzar. Dijimos también que se enviaron fondos para demás obras públicas como relleno y compactación del terreno que desconocemos si fueron aplicados para su objeto. Además en el año 2012 en un estado de paralización de la obra, la municipalidad recibió $ 2.475.000 y en el año 2013 $ 4.355.000, que se suman a los $ 4.198.000 que se percibieron en el año 2011”.
La causa de Partido de la Costa, similar a la Villa Gesell
El juez federal Ariel Lijo en los últimos meses ordenó las medidas pedidas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que investiga irregularidades en la construcción de viviendas en el Partido de la Costa, donde están imputados el vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Planificación Julio De Vido .
El juez ordenó a Gendarmería Nacional allanar la sede municipal ubicada en la localidad balnearia de Mar del Tuyú en busca de los expedientes de la contratación para la construcción de viviendas y dos escuelas.
En el operativo se secuestró documentación vinculada a la licitación y los expedientes administrativos por los cuales se le otorgó a la empresa "Cantera S.A." la construcción de 484/6 viviendas y dos casas.
El juez Lijo libró también oficios al Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, quien también está imputado en la causa, y a la Inspección General de Justicia (IGJ), para que le remitan los documentos sobre el dinero destinado a las obras, que iban a ser realizadas por "Cantera S.A.".
Además dispuso que se retire de la Inspección General de Justicia (IJG) el legajo de la firma constructora, Cantera FC, a la que se adjudicaron las obras, que actualmente está en quiebra.
La causa fue iniciada por una denuncia realizada la semana pasada por el concejal Marcos García, patrocinado por el abogado Ricardo Monner Sans.
Las medidas habían sido solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien imputó a Boudou, a De Vido y al ex intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, a instancias de una denuncia del concejal del municipio Marcos Alfredo García, quien hoy declaró como testigo en la causa.
Se los investiga porque en 2005 se licitó la construcción de 484/6 casas y dos escuelas con un presupuesto de 20.799.600 pesos, luego ampliado. Las obras, adjudicadas a Cantera FC, debían quedar terminadas en 2006, pero a pesar de haberse pagado en 2007 dos tercios del total del presupuesto, las escuelas y más de la mitad de las casas no se terminaron porque la empresa entró en convocatoria de acreedores. La denuncia sostiene que ninguna casa fue íntegramente construida y que Cantera tiene una deuda con el Banco Hipotecario y que firmó un convenio con el municipio para cobrar, a pesar de que no terminó las obras.
Quién es Ariel Lijo
Ariel Lijo, el más joven de los jueces federales porteños, que tiene en sus la causa contra el vicepresidente Amado Boudou, la misma que provocó la recusación de Daniel Rafecas y la salida del Gobierno del ex Procurador General Esteban Righi.
Ahora, Lijo concentrará en su juzgado varias aristas judiciales del caso que salpica al vicepresidente.
No es la primera vez que le toca llevar un expediente judicial engorroso, ya que instruyó y elevó a juicio oral el caso del encubrimiento en la causa Amia, mientras intenta sancionar penalmente a los responsables de las coimas que la propia empresa alemana Siemens reconoció haber pagado en la Argentina para obtener una licitación para confeccionar DNI.
Nació el 19 de octubre de 1968, a los 22 años ya trabajaba en la Defensoría oficial y llegó a los tribunales de Comodoro Py 2002 como prosecretario de la Sala I de la Cámara Federal.
Juez. En 2004 se convirtió en juez federal tras pasar el primer concurso que hizo el Consejo de la Magistratura con el objetivo de renovar los tribunales que tramitan causas de corrupción.
En septiembre de 2004 Lijo juró ante el entonces presidente Néstor Kirchner como magistrado.
Lijo, padre de dos hijos y hoy casado en segundas nupcias, encabeza el juzgado federal 4 de la Capital Federal, el mismo que había estado hasta entonces en manos de su todavía cuñado, Gabriel Cavallo, el primero que declaró inconstitucionales las leyes de "obediencia debida" y "punto final" que exculpaban a represores de la dictadura.
Y justamente con la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, Lijo avanzó en la condena a los responsables de Batallón 601 -entre los que estaba el jerarca militar Cristino Nicolaides- por los secuestros y homicidios concretados cuando un grupo de militantes montoneros regresó al país en 1980 para intentar la "contraofensiva" ante el régimen castrense.
