Mientras la Sala I de la Cámara Federal analiza si confirma o no los procesamientos dictados por el juez Claudio Bonadio contra ex funcionarios y empresarios involucrados en el caso de coimas revelado a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, comenzó una nueva etapa de investigación derivada de la causa original.
El juez Bonadio le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que informe quiénes eran las autoridades de 71 empresas que hicieron negocios con obra pública durante los años 2003 a 2015, es decir mientras gobernó el kirchnerismo.
En el pedido enviado a la IGJ también se solicitó que se informara si esas compañías integraron Uniones Transitorias de Empresas (UTE) mediante las que participaron de licitaciones de obra pública.
El listado de empresas incluye a Fontana Nicastro que, junto a Alto Sur, forma la UTE a la que el gobierno de Gustavo Barrera le entregó en 2015 la Obra de Repotenciación energetica; la cual nunca fue concluida.
El listado de 71 empresas tiene su base en la información aportada como arrepentido por el financista Ernesto Clarens, quien se adjudicó el rol de recaudar el dinero pactado por coimas entre los ex funcionarios y los empresarios. Clarens aportó varios listados de empresas con las sumas de dinero que hizo cada una de ellas.
