El Senado de la Nación unánimemente aprobó el proyecto de ley que consigna beneficios tributarios para los empleadores que blanqueen a sus dependientes, se trata de un régimen de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral, con el espíritu de generar empleo registrado y dar batalla al trabajo en negro o clandestino, a tales fines dispone diferentes "programas de beneficios", como ser un "régimen permanente de contribuciones a la seguridad social" que prevé descuentos del 50% en las contribuciones de los empleados, siempre y cuando las microempresas posean hasta cinco trabajadores y su facturación anual se encuentre dentro de los parámetros de una pymes, de esta forma,  los micro-empleadores pasarán a pagar sólo el 50 por ciento de la contribución patronal establecida en el régimen general para sus trabajadores en relación de dependencia.

 

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial, el descuento en la contribución patronal será del 25% y un asunto importante es que el artículo 21 del proyecto establece que los empleadores que despidan personal, quedarán exceptuados de este régimen por un plazo de 12 meses, contado a partir del último despido.

 

Por otro lado, el proyecto prescribe un "régimen de promoción a la contratación" que consagra un plan de 2 años, en el que se distinguirá por cantidad de empleados, es decir que las empresas que tengan hasta 15 trabajadores, durante el primer año recibirán descuentos en las contribuciones que ascenderán hasta el 100% por cada nueva persona que ingrese, de tal modo que no pagarán aportes durante los primeros doce meses y el segundo año los descuentos llegarán al 75%.

 

Si la firma posee entre 16 y 80 empleados, pagará sólo el 50 por ciento de las contribuciones durante los dos años que dura el beneficio.

 

Si tiene más de 80 trabajadores, pagará el 75 por ciento de la contribución patronal durante dos años.

 

Con esta iniciativa, se flexibilizará el régimen de contribuciones patronales actual, lográndose dignificar las condiciones laborales, ya que los dependientes ingresarán a un sistema previsional y de salud que a su vez se verá fortalecido por estas nuevas incorporaciones, porque un empleo registrado es garantía de ello.

 

El texto también contempla la creación de un registro público dónde se incluirá a quienes violen la normativa laboral, consecuentemente, las empresas deberán pagar la multa pertinente y accesoriamente serán sancionadas con la imposibilidad de poder ser contratistas del estado durante tres meses, perdiendo cualquier subsidio del que gocen, asimismo, tampoco podrán acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas.

 

En el caso que la empresa reincida y sea incluida por segunda vez en el registro, a las sanciones establecidas se le anexará la imposibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias los gastos inherentes al personal.

 

Así las cosas y habida cuenta la letra del proyecto, paulatinamente se irá generando empleo genuino que garantice condiciones dignas al trabajador en pos de contrarrestar o paliar el empleo informal.