Si no entendemos, como bien nos explica Marcola, que la puja sociedad civilizada-narcotráfico es una guerra integral, poco y nada podremos hacer para frenar esta locura de violencia que crece en nuestro país y, tristemente, en nuestra ciudad. Creer que este flagelo se frena sólo con voluntarismo es entre pueril e inocente pero, fundamentalmente, es irresponsable.

 

Acá podemos ver esta problemática trágica desde tres ángulos, diferenciados pero, esencialmente, encadenados.

 

El primero es la dependencia entre la acción y el ejemplo. Una sociedad que no funciona con el sistema de premios y castigos, es decir en la que es lo mismo ser honesto que deshonesto, es una sociedad que impulsa el mal reflejo de arriba hacia abajo. Cuando desde el Poder se protegen casos como el de Amado Boudou, es difícil explicarle a un adolescente que no tiene derecho a tener un par de zapatillas aunque sean de otro.

 

Con millones de personas sin trabajo, con trabajos informales o con ingresos periódicos; con cientos de miles de jóvenes sin estudiar ni trabajar; con un importante porcentaje de adolescentes que ya son tercera generación de marginales y que nunca vieron trabajar a nadie de su familia, es muy sencillo para el narcotráfico salir a recaudar “mano de obra barata”, porque para ellos la vida es lo más barato y para esos marginados no hay límites morales porque no hay ejemplos éticos. Con un Estado que no es austero, eficiente y honesto, ¿Cómo pedirle decencia a los que están afuera?

 

El segundo es la no comprensión de lo que es el narcotráfico. Es infantil tomar este fenómeno como segmentario; es una agresión total, por lo que es necesario enfrentarlo como tal., no dejando ningún flanco sin protección. Es, de alguna manera, como el terrorismo fundamentalista, frente al que no prima la razón sino la fuerza.

 

Quizás parezca temeroso, pero es en la práctica la nueva visión de la guerra. Hoy las Fuerzas Armadas no tienen hipótesis de conflictos territoriales, a menos que algún trastornado como Galtieri crea que se puede dirimir el conflicto de Malvinas a través de las armas. Por lo tanto, como bien demuestra Brasil, el enemigo para enfrentar es el narcotráfico. ¿Esto viole la Ley de Defensa? Tal vez en la letra chica pero no en el espíritu constitucional. Es obvio y evidente que el narcotráfico es, en los hechos, igual que un ejército extranjero que nos agrediera. Por consiguiente, usar los militares para frenarlos y derrotarlos es lógico y aceptable, salvo para los nostálgicos del pasado que aun creen en los golpes de estado, algo hoy absurdo.

 

La resultante de este punto de análisis nos determina la imperiosa necesidad de una política de estado que encare la problemática. Esta política de estado debe incluir los tres niveles del ejecutivo argentino: el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Es imprescindible una acción concordante, ya que si el narcotráfico funciona como una inmensa multinacional, como cita el propio Marcola, nosotros no podemos responder en forma espasmódica porque llevamos todas las de perder.

 

En este aspecto podemos proponer una diferenciación. Por un lado la reacción unificada de los tres niveles (nacional, provincial y municipal) y por otro las acciones territoriales, depende de las características de cada lugar, desde lo geográfico hasta lo meramente espacial y social.

 

Villa Gesell, por ejemplo, requeriría, antes de una reacción voluntarista, una acción estadística. Sino no sabemos cuál es la tasa real de desocupación, cuál la de desnutrición, cuál la de chicos y adolescentes que dejan el colegio, cuantos son los comedores barriales que remplazan el rol familiar, ¿Cómo articular una política para luchar contra los narcotraficantes.

 

Creer que al narcotráfico se lo enfrenta sólo con la acción de las fuerzas de seguridad, no acepta el menor análisis. La Argentina, la Provincia de Buenos Aires y el Partido de Villa Gesell, vienen perdiendo esta guerra por goleada. Sería bueno que pusiéramos un arquero, y ese arquero es la política de estado.