En la Argentina no se cumplen de manera acabada los estándares internacionales sobre libertad de expresión, pese a estar garantizada por la Constitución Nacional y a reiterados fallos judiciales a favor de ese derecho humano fundamental.

Así se desprende de un pormenorizado informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundido la semana pasada.

Entre los principales casos que afectan a la libre manifestación y difusión de ideas en nuestro país, el trabajo menciona centenares de ataques a medios y periodistas, agravios y descalificaciones a la prensa crítica por parte de autoridades y la ausencia de una ley de acceso a la información pública.

También considera que la libertad de expresión no es plena por la arbitraria distribución de la pauta publicitaria oficial, porque la autoridad de aplicación de la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, no es un organismo independiente del poder político, y por el incumplimiento de sentencias judiciales por parte del Estado.

En las 24 páginas que dedica a la Argentina, se analizan la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los ataques y agravios a medios y periodistas, el acceso a la información en poder del Estado, la distribución de la publicidad oficial y la producción de papel para periódicos.

En la primera parte, menciona como avances los fallos judiciales de primera instancia, de cámaras de apelaciones y de la Corte Suprema en distintas causas relacionadas con las libertades de expresión y de prensa y el derecho a la información pública.

Por ejemplo, entre otros casos, valora la desestimación judicial de la querella del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, contra el periodista Luis Majul; también el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que anuló las multas que el Gobierno había impuesto a consultoras privadas que difundieron índices de inflación distintos a los oficiales.

Sin embargo, la Relatoría de la CIDH manifiesta su “preocupación” porque “aun subsisten denuncias penales” entabladas por la Secretaría de Comercio de la Nación en “contra de algunas consultoras” por contradecir datos gubernamentales sobre inflación.

Luego hace una reseña de aproximadamente 350 casos de ataques y amenazas a medios y periodistas ocurridos durante 2013, para lo cual cita informes de diarios nacionales y regionales y del Foro de Periodismo Argentinos (FOPEA).

Recuerda, en ese sentido, que en la declaración de principios de la CIDH se expresa que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

“Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, resalta el informe.