En el presente, en la Argentina padecemos una política que se encuentra oprimiendo al sector privado con una carga impositiva muy difícil de sostener, lo que genera, entre otras cosas, el cierre de comercios, con el consiguiente desempleo y aumento de la exclusión, y dejando un terreno abonado para que genere su acción el narcotráfico, que como contrapartida sí genera puestos de trabajo, ya que no se encuentra alcanzado por las regulaciones de las leyes ni por limitaciones de ningún tipo.

 

Villa Gesell es una prueba latente de esto. La marcada caída de la actividad turística en las últimas temporadas estivales, trajo una menor de concentración de capital para el invierno, y por consiguiente un parate de la construcción, que en esas épocas era la matriz de la formación de empleo, lo que a su vez dinamizaba el comercio por la existencia de un mayor poder de consumo por parte de la población.

 

Decayó el turismo por falta de políticas al respecto y por lógica arrastró al comercio, lo que repercutió en la construcción. Si a este le sumamos el masivo ingreso de gente sin profesiones específicas, traídas por la Gestión Erneta (en Gesell hay 7 asentamientos, el promedio más elevado de la costa bonaerense) , para las que sólo hubo planes sociales, veremos un magnífico coctail para que el narcotráfico hiciese pie sin problemas y, por ende, la violencia se extendiera en cantidad y virulencia.

 

Y a pesar de ser el narcotráfico una actividad ilegal por excelencia, no fue ni es combatida como sí es combatido el comerciante o pequeño empresario que no le queda otra que ser visible, al tener que estar dado de alta para poder ejercer su actividad en los organismos correspondientes. Curiosa paradoja: castigo y persecución para los vecinos honestos  y protección para los que delinquen.

 

Es que como siempre seguimos cazando en el zoológico. Está claro que las cámaras representantes de los comerciantes y empresarios deberían ejercer la suficiente presión para que el Estado se ocupe de lo trucho para luego ocuparse de la actividad formal, pero la cosa es al revés. Se asfixia impositivamente cada vez más al que cumple. El método de inclusión serio es exactamente el inverso. 

 

Obsérvese que ahora en Gesell, como consecuencia del despilfarro financiero de la Gestión Erneta, y a pesar de que en los últimos 6 años el Presupuesto subió de 40 a 240 millones de pesos (un 600 por ciento)  y las tasas otro tanto (la inflación oficial fue del 50 y la extraoficial del 100 por ciento), la oposición tuvo que habilitarle al intendente Gustavo Barrera un ajuste de las gabelas para que la bancarrota no arrastre al Municipio. ¿Quiénes vuelven a pagar? Los mismos de siempre, siguiendo el proceso de exclusión.

 

 Ya vimos en el programa Periodismo para Todos como los narcos ganan las calles dando empleo en forma descarada, a la vista de todos, sin acción alguna  del Estado, el cual esta donde no se lo llama y donde no debiera estar. Preocupa más “Fútbol para Todos” o las cadenas televisivas para anunciar inauguraciones de cosas que ya se inauguraron varias veces, que combatir el gravísimo hecho de que existan un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que, por consecuencia, son fácilmente cooptables por los cárteles de la droga.

 

Y mientras los narcotraficantes ofrecen “salidas laborales” de alta rentabilidad, el Estado se sigue aprovechando de los más débiles, como lo son el pequeño y mediano comercio o industria, complicándoles su operatoria con burocracia y presión impositiva mientras que los pesados pasan desapercibidos para un estado miope y abusador.

 

Si consideramos que Marcos Camacho (Marcola) nos advierte que no hay posibilidades de vencer al narcotráfico si no es a través de una política de inclusión, que implica dar salud, educación, trabajo, seguridad, justicia y vivienda, vemos que el Estado está lejos de cumplir estos objetivos y, por el contrario, se entretiene en maniobras demagógicas mientras tiene una cómplice laxitud con la corrupción.

 

Pero aun admitiendo que es la inclusión la clave para vencer este flagelo de fondo, está claro que no es una cosa que se pueda hacer de un momento para otro, y que mientras tanto es menester tomar acciones de urgencia para que la situación no continúe empeorando. Ni siquiera es el momento de entrar en la discusión de “mano dura-mano blanda”. El tema es dar fuerza y capacidad a los uniformados y exigir que los jueces cumplan las leyes, terminando con la maldita puerta giratoria de los Juzgados Penales.

 

Los episodios de linchamientos que se multiplicaron últimamente, algunos grotescos al darse contra simples pungas, prueban, por un lado, el hartazgo social contra la delincuencia en general y la falta absoluta de confianza en las autoridades. Esto lleva a la aplicación de la ley por propia mano, rompiendo las bases del contrato social y poniendo en peligro la convivencia pacífica.

 

Por eso es imprescindible que no se demore más tiempo en aplicar políticas de inclusión y se deje de debatir con palabras huecas y meramente demagógicas. Al mismo tiempo debe aflojarse la presión impositiva sobre los que producen y generan mano de obra y, en cambio, impulsar la recuperación de la cultura del trabajo.

 

Si no lo hacemos tendrá razón Marcola y el narcotráfico será cada vez má poderoso.