En la mañana del lunes integrantes del equipo de la Fiscalía de Estado a cargo del Dr. Hernán Gómez, visitaron Mar Azul para conocer el predio donde el grupo Portland planifica la construcción de 116 departamentos con cocheras subterráneas frente al mar, denominado comercialmente como Solanas.
Gracias a la vigilancia permanente, señalan los integrantes de la Asamblea que se opone a la construcción en base al daño ambiental que puede generar, indicaron "nos enteramos de su presencia y pudimos explicarles detalladamente qué es lo que está en peligro en esa manzana entre las calles 36 y 37 y qué leyes ambientales amparan nuestro accionar. Fuimos escuchados y esperamos que esta entidad determine medidas para cuidar el espacio público, que es lo que nos hizo recurrir a la Justicia".
"El haber acudido a la Fiscalía de Estado para exigir el cumplimiento de las leyes ambientales y nuestros derechos como ciudadanos, al advertir el riesgo ambiental al que estaremos expuestos si avanza la construcción de los tres edificios de departamentos con cocheras subterráneas que piensa construir el grupo Portland en la manzana frente al mar entre 36 y 37 en Mar Azul, fue una decisión acertada y que esperamos que su intervención esté a la altura de las circunstancias" manifestaron desde la Asamblea Vecinal en Defensa de la Duna y el Agua.
Rolando Papof, referente de la movilización ciudadana, se encargó de dialogar con estos agrimensores, que acudieron a Mar Azul por la gestión del abogado que representa a la Asamblea. El letrado habló con el Fiscal de Estado y le mandó la demanda para que la apoye, ya que es el protector de estos bienes que son los médanos costeros y el acuífero.
Papof les acercó la documentación con la que cuentan los vecinos y les aclaró que el tema controversial que la preocupación gira en torno a la ocupación del espacio público, a partir de la aplicación del artículo 142 de la Ley de Agua.
Los técnicos no estaban tampoco informados de qué tipo de edificación se iba a hacer. Por eso, se les explicó que eso espacio del frente costero donde quieren construir es un bien público, porque está dentro de los 150 metros.
Se les mostró el pie de médano que es desde dónde hay que contar, también el estudio de impacto ambiental que la empresa presentó y en el que reconoce que está a 62 metros de la línea de ribera; y que por lo tanto le queda permitido para edificar muy poco terreno, una franja de 40 metros sobre la calle Mar Azul.
"Le señalamos que el fiscal es el responsable de cuidar esos bienes, y que la Autoridad del Agua por más que tenga el poder de policía es un subalterno del Fiscal de Estado. Nos da la impresión de que al ser distintos organismos, cada uno trabaja por su lado. Al no estar interconectados estos organismos cuando actúan abogados «vivos» de las empresas consiguen los permisos de factibilidad" señalaron desde la Asamblea.
Agregando que "Les dijimos que el fiscal tiene que determinar la línea de ribera y que en todos los lotes que están sin edificar ocupando esa franja son ellos los encargados de prohibir".
"Creemos que hicimos un valioso aporte a la labor que han venido a hacer, ya que desconocían el lugar, los planes de construcción y los datos que evidencian la violación de las leyes" finalizaron la gacetilla emitida por el tema.
