En la noche del viernes, el funcionario de Alberto Fernández cuestionó la resolución de Santiago Martín, a cargo del Juzgado Nº2 de la ciudad, e insistió en que "la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina".
"El Gobierno es respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada", apuntó el funcionario, uno de los principales promotores de la iniciativa que causó fuerte rechazo en distintos sectores de la sociedad y que motivó la demanda judicial de espacios ambientalistas autoconvocados, organizaciones y hasta del mismo intendente Guillermo Montenegro.
En el mismo sentido, Martínez adelantó que, en consecuencia, "se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración, están analizando el fallo, y preparando la presentación judicial correspondiente".
"La exploración offshore genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad", reiteró el hombre del gabinete nacional, en declaraciones difundidas oficialmente por su Secretaría.
La suspensión que dictaminó Martín fue después de hacer lugar a la medida cautelar que peticionaron, en forma simultánea, cuatro actores distintos, entre los cuales estaba el intendente Montenegro, un vecino particular, ambientalistas autoconvocados y Greenpeace junto a otras organizaciones.
El 30 de diciembre, el Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la Costa bonaerense.
En el fallo que sedio a conocer el viernes, el juez indicó que aceptaba la medida cautelar presentada en su momento por el intendente y ambientalistas por "el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)".
El juez Martín citó el Acuerdo de Escazú y recordó que “estas acciones deben realizarse ‘desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos’”.
“No se vislumbran, en principio, acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de ‘medios apropiados’ (escritos, electrónico u orales)” de modo de “garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental”.
Fuente: 0223.com.ar
