EL COMUNICADO:
El pasado martes 21 del corriente quedó rubricado el despacho de comisión que adelanta el rechazo al Presupuesto Municipal 2026. En este marco, en la primera sesión de mayo en el recinto, los bloques opositores anticipan su voto negativo al cálculo de Gastos y Recursos del corriente año, remitido por el Departamento Ejecutivo en noviembre de 2025.
Lejos de ser una discusión técnica, la decisión del Honorable Concejo Deliberante evidencia una clara postura política: negarle al municipio la herramienta básica para gobernar. Una vez más, la oposición opta por obstaculizar antes que construir, desentendiéndose de las consecuencias que esto genera en la vida cotidiana de los vecinos.
Mientras tanto, la ciudad continúa gestionándose desde enero de 2026 con el mismo cálculo de recursos del año 2025, en un contexto inflacionario que vuelve inviable cualquier planificación seria. Gobernar sin presupuesto no es un detalle administrativo: es condenar al Estado local a funcionar a ciegas y con recursos completamente desactualizados.
A este escenario se le suma el constante aumento de los combustibles, que encarece cada servicio que presta el municipio.
Del mismo modo, el incremento sostenido en el precio de los medicamentos golpea de lleno al sistema de salud, haciendo cada vez más difícil sostener el funcionamiento del Hospital Municipal y garantizar la atención de todos los vecinos.
Sostener el sistema de salud local en estas condiciones se vuelve un desafío extremo, donde cada recurso cuenta y la falta de actualización presupuestaria impacta directamente en la calidad del servicio.
A esto se agrega la complejidad de mantener las calles de la ciudad, con costos en alza y recursos que no acompañan la realidad económica.
En paralelo, y como reflejo de la situación económica que atraviesa el país, desde la Secretaría de Desarrollo para la Comunidad se observa un aumento sostenido en la cantidad de vecinos que requieren asistencia social, profundizando aún más la presión sobre un Estado municipal que hoy cuenta con herramientas limitadas.
Esta situación también golpea de lleno a los pequeños comerciantes, que pasan a ser considerados grandes contribuyentes sin haber mejorado su realidad económica. La inflación infla sus números en los papeles, pero la carga impositiva los termina asfixiando en la práctica.
A esto se suma un dato alarmante: los Bomberos Voluntarios de la ciudad no podrán ver actualizado el aporte mensual que reciben, afectando directamente a quienes cumplen un rol esencial en la seguridad de toda la comunidad.
Las consecuencias ya se sienten. La suspensión del barrido manual que prestaba la empresa Santa Elena es solo una muestra concreta del impacto de estas decisiones. Menos servicios, menos respuestas y una ciudad que paga el costo de una disputa política que parece no tener en cuenta a los vecinos.
