A cinco años del homicidio de Fernando Báez Sosa, los ocho condenados por el crimen continúan juntos en el mismo pabellón de la cárcel de Melchor Romero a la espera, con diferentes estrategias, de que la Suprema Corte bonaerense termine de definir sus futuros.
Del otro lado, la familia del joven asesinado en nuestra ciudad busca que las penas a prisión perpetua se extiendan a todos los condenados y no sólo a cinco de ellos, como lo definió el tribunal del juicio y lo confirmó Casación.
Con distintas estrategias, todos mantienen la ilusión, aunque sea remota, de que el tribunal superior les dé una buena noticia. El hilo de esperanza lo sostiene una de las modificaciones incorporadas a la condena por Casación: aunque el fallo confirmó las condenas tal como estaban, eliminó de la sentencia el agravante de "alevosía" para dejar sólo el de premeditación, el único por el que hoy sustenta las perpetuas.
Es por eso que tanto las declaraciones públicas como las presentaciones judiciales de la nueva defensa de Thomsen, encabezada por Francisco Oneto, excandidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza, apuntaron a intentar desarmar la idea de que los jóvenes oriundos de Zárate hayan planificado matar a golpes a Báez Sosa. Buscan reducir la figura aplicada a alguna cercana al "homicidio en riña", que estipula penas mucho más bajas, o, en todo caso, la del homicidio con dolo eventual. Además de los videos que muestran el momento del ataque, a Thomsen lo sigue complicando una de las pruebas clave del proceso: la impronta de una suela de zapatilla que fue encontrada en el rostro de Fernando y luego identificada como perteneciente al rugbier de Zárate.
Por su parte, Benicelli, cuyo abogado es Carlos Attías, se abocó a criticar la estrategia de Tomei durante el juicio y a señalar que el exabogado del joven los instó a mantener una defensa unificada cuando --asegura-- no participó de forma directa del ataque: “No fui parte de un pelotón de fusilamiento para matar a Fernando”, escribió el joven en un escrito presentado en la Justicia. El resto de los acusados sigue con la estrategia unificada en busca también de un guiño de la Corte que no tiene ningún plazo máximo para expedirse.
Tampoco la familia de Fernando se fue plenamente conforme de aquella sala de audiencias de la ciudad de Dolores en la que durante todo un caluroso mes de enero y la mitad de febrero de 2023 se llevó a cabo el juicio. Dos años después, mantiene la misma descontento por la condena a quince años de Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi, a los que el tribunal sentenció a esa pena por considerarlos partícipes secundarios del homicidio. Tras aquel fallo, su equipo de abogados encabezado por Fernando Burlando presentó el recurso para conseguir que la perpetua se extienda a los ocho, postura que, luego de que Casación no hiciera lugar al pedido, mantienen hasta hoy.
Los planteos presentados por Burlando ante la Justicia van en el mismo sentido de los que también presentaron los fiscales del juicio realizado en Dolores, Gustavo García y Juan Manuel Dávila, que en sus alegatos habían pedido la condena a prisión perpetua para los ocho jóvenes, acusándolos a todos como coautores del homicidio agravado y sin participaciones secundarias. Al igual que la familia de Fernando, los fiscales todavía mantienen sus recursos a la espera de la decisión de la Corte. En todos los casos, las partes todavía podrán recurrir a la Corte Suprema de la Nación si lo decidido por el tribunal provincial no los conforma.
