Hoy, a casi cinco años del crimen de Fernando Baez Sosa, los ocho jóvenes condenados cumplen sus sentencias en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, una cárcel ubicada en la provincia de Buenos Aires. En este centro de detención, donde fueron trasladados tras recibir las prisiones preventivas, los acusados permanecen en aislamiento en el pabellón número tres. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, su convivencia no ha presentado conflictos, aunque se encuentran apartados del resto de la población penitenciaria.
En este contexto de aislamiento, los condenados cumplen con las actividades asignadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Según información recabada por Infobae, los internos duermen en celdas compartidas por dos personas, reciben visitas de familiares los jueves de 13 a 17 horas y participan en actividades físicas dirigidas por un profesor, al igual que el resto de los internos. Además, los condenados realizan talleres educativos, siendo uno de los más destacados el de alfabetización jurídica. Este programa, implementado en diversas cárceles del país, tiene como objetivo enseñar a los reclusos conceptos básicos de derecho penal, en particular sobre el sistema judicial y sus derechos. Al finalizar el taller, los participantes reciben un diploma, lo cual podría influir en su futuro ante el juzgado de ejecución, si solicitan beneficios como la libertad condicional.
El Impacto de los Talleres y el Futuro de los Condenados
En diciembre de 2023, una funcionaria encargada de coordinar el taller de alfabetización jurídica en la Unidad N°46 de San Martín destacó los contenidos abordados, que no solo incluyen aspectos legales, sino también temáticas sociales. En un comunicado del SPB, la funcionaria mencionó que se trabajó sobre la deconstrucción de las masculinidades, la violencia y las consecuencias del encarcelamiento en las familias. Estos enfoques, según ella, buscan promover la reflexión y el cambio de comportamiento de los internos.
Aunque estas actividades educativas son parte del proceso de reinserción y pueden ser consideradas a la hora de evaluar pedidos de beneficios, la gravedad del crimen cometido por los condenados no parece dejar lugar a dudas sobre la dureza de las penas. En mayo de 2024, la Cámara de Casación Bonaerense confirmó las condenas impuestas, aunque corrigió la calificación jurídica del delito. Los jueces de la Sala II, Fernando Mancini y María Florencia Budiño, señalaron que el asesinato de Fernando Báez Sosa no fue cometido con alevosía, pero sí con premeditación, en un acto de violencia conjunta de varios agresores, lo que ratificó las penas de prisión perpetua para cinco de los acusados y 15 años para los tres restantes.
La Cámara de Casación también reafirmó la calificación del homicidio bajo el artículo 80 del Código Penal de la Nación, que establece que un crimen cometido con premeditación y el concurso de dos o más personas debe ser considerado un homicidio doblemente agravado.
