La defensa de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, en el que insistió con distintos planteos de nulidad, y pidió que se aplique la figura del “homicidio en riña” para los cinco sentenciados a prisión perpetua y la absolución para los tres que recibieron una pena de 15 años de cárcel.
Hugo Tomei, quien continúa como defensor de todos los condenados, realizó su planteo este lunes para tratar de revertir la sentencia dictada el último 6 de febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de la ciudad de Dolores.
El fallo había sido apelado ya por los fiscales que intervinieron en el juicio, quienes pidieron que la prisión perpetua alcance a los ocho jóvenes, por considerar acreditado que Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (24) tuvieron el mismo grado de responsabilidad que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (23) y Luciano (21) y Ciro Pertossi (22) en el crimen ocurrido frente al boliche “Le Brique”.
Tomei, por su parte, presentó un escrito de 109 páginas en el que pidió en primer término que se declare la “ilegalidad” del procedimiento en el que fueron detenidos los condenados en la mañana posterior al crimen, y cuestionó el allanamiento de la casa que alquilaban en Villa Gesell.
El abogado reiteró uno de los planteos centrales de su alegato de cierre en el juicio, al sostener que se violó “el principio de congruencia” en la sentencia porque, a su criterio, sus clientes llegaron al debate con una acusación genérica y la fiscalía modificó los hechos con una imputación más detallada.
Así, pidió que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi, condenados por los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia a 15 años de cárcel como “partícipes secundarios”, sean absueltos. Y respecto a Thomsen, Comelli, Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi, insistió en que el hecho sea recalificado como “homicidio en agresión tumultuosa”, delito contemplado por el artículo 95 del Código Penal y que tiene una pena claramente inferior, que va de los dos a los seis años de prisión.
En línea con lo sostenido durante el juicio, el defensor criticó además la actuación del abogado Fernando Burlando, quien encabezó junto a Fabián y Facundo Améndola la representación de los padres de Báez Sosa en calidad de particular damnificado, por entender que “humilló con violencia verbal a los acusados y ello fue probado en el debate”.
“No se puede pensar de otra manera que las reiteradas intervenciones públicas del letrado tuvieron como eje condicionar el sentido de la respuesta final del caso”, sostuvo, y criticó que “ningún juez del caso intervino a limitar los excesos, a pesar de las denuncias formuladas por mi parte, ni tampoco los Colegios de Abogados”.
El defensor pidió una audiencia con las partes y con los condenados presentes ante el tribunal de alzada provincial, para poder profundizar sus argumentos.
El recurso de apelación de la defensa será analizado en primer término por el TOC 1, y en caso de ser admitido, será enviado a Casación.
