En nuestro país, la prestación del servicio de energía eléctrica está sujeta a la imposición de tributos directos e indirectos por parte de los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. También, el gobierno nacional mantiene un subsidio que reduce el valor neto del servicio al usuario final. El estudio realizado por IARAF revela cuánto afecta esta quita al consumidor.

 

 Utilizando la información provista por un informe previo, acerca de la carga tributaria indirecta que ejercen los tres niveles de gobierno en el servicio, es posible obtener una medida de la recaudación extra que obtendría el sector público debido al incremento del valor neto del servicio. Es decir, al reducir subsidios e incrementar el valor neto del servicio, se produce un efecto de "segunda vuelta" que genera mayor recaudación.

 

Los tributos indirectos son el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto al cheque por el lado de  Nación, mientras que en Provincia un tributo indirecto tiene que ver con los Ingresos Brutos (IIBB) y a nivel municipal aparece el tributo a la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH).

 

Este análisis toma dos momentos.  La primera parte del análisis se presenta y se analiza la incidencia de cada tributo indirecto en el valor neto de cada factura. En la segunda parte se tratan los ingresos extras que recibiría el sector público y el impacto neto en las arcas nacionales.

 

En ese sentido, se puede observar datos que revelan que por cada $1.000 reducción de subsidios, la Nación reduce su gasto en $1.000 y obtiene ingresos extras por $106, las provincias obtienen ingresos extras por $229 y los municipios por $145. Es decir, por cada $1.000 de reducción de subsidios, el consumidor final ve reflejado un incremento de $1.480 en su factura.