El gobierno de la Provincia presentó este lunes la Guía de Interrupción Voluntaria del Embarazo para garantizar, en el marco de la reciente Ley nacional 27.610, que los centros de salud realicen un aborto a las mujeres y personas con otras identidades de género que lo soliciten dentro de las primeras 14 semanas de gestación.
Durante un acto virtual realizado desde las 12 en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, representantes de los ministerios bonaerenses de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y de Salud firmaron la resolución conjunta que implementa la guía que orientará a los equipos sanitarios en las prácticas para la atención y el cuidado de las personas en situación de aborto.
Cabe recordar que la Ley 27.610 que regula el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso nacional el 30 de diciembre y promulgada por el presidente Alberto Fernández el último jueves.
La norma que entrará en vigencia en la Argentina el 24 de enero establece puntualmente que el aborto “se permitirá hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional”, y que fuera de ese plazo “sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.
“Hoy es un día de alegría; son derechos conquistados en leyes y ahora ya en el proceso del camino de la política pública”, dijo durante el acto la ministra de las Mujeres, Estela Díaz.
Esta iniciativa -añadió- “restituye algo que fue vedado durante siglos para las mujeres y las personas gestantes, pero también es algo muy importante para los equipos de salud, porque además da certezas del modo en que se interviene”.
En ese sentido recordó que en enero del año pasado -a pocos días de haber asumido- su cartera y la de Salud crearon e implementaron el protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), “un protocolo que llevaba a la práctica nada más y nada menos una Ley que tenía casi 100 años y sin embargo todavía se debatía y se obstaculizaba el acceso a este derecho”, aseguró la funcionaria.
Críticas a Vidal
En este marco, Díaz criticó a la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien “siendo mujer además, les conculcó el derecho a las mujeres de la provincia de Buenos Aires de tener la guía más moderna que tenía el Ministerio de Salud de la Nación, incluso de la misma gestión que ella”.
Por esto -señaló- “mucho marketing político y poca realidad de respuesta para las realidades cotidianas”.
“Cristina siempre nos dice que lo que tenés que mirar es si tu vida está mejor o está peor, o más desorganizada”, contó la ministra, y agregó: “con el protocolo para la ILE, la vida de las mujeres -más de 8 mil que se hicieron en la Provincia- fue mejor”.
Finalmente, citó un trabajo realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que sostiene que “en la Argentina hay más de 1.500 procesos criminales por interrupciones del embarazo, más de 500 en la provincia de Buenos Aires”.
“Ya estamos en diálogo con el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires porque jueces y juezas deben sobreseer a esas personas, no les debe quedar ninguna causa pendiente”, aseveró Díaz.
“Lucha histórica de las mujeres”
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Gollan, se refirió a la “lucha histórica de las mujeres, que cobró una dimensión extraordinaria en los últimos diez años”. “Sin esa lucha en las calles esto no hubiese sido posible”, remarcó Gollan.
Y emitió, asimismo, un reconocimiento a “nuestro Presidente, que lo dijo en campaña y lo cumplió en su primer año de gobierno y en medio de una pandemia que está dejando patas para arriba a todo el mundo”.
Del acto participaron el viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak; la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos; la directora bonaerense de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña de Caro; y la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, Victoria Anadon.
La Ley
La Ley nacional 27.610 tiene como premisa central la consagración del “derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo” en el sistema de salud público o privado, en un plazo que no deberá superar los diez días corridos desde su requerimiento.
La norma contempla también el derecho a ejercer la “objeción de conciencia” por parte de los profesionales sanitarios -esto es a negarse a realizar un aborto por motivos personales- aunque los mismos estarán obligados a derivar inmediatamente a la mujer a otro médico para que se le realice la práctica.
Fuente: lacapitalmdp.com
