La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Tuyú Sur presentó ante las autoridades educativas de Villa Gesell un pedido de informes relacionado con la colocación de un dispositivo detector de metales en el ingreso del Colegio Don José de San Martín.
La presentación, fechada el 30 de septiembre de 2026, fue dirigida a la Inspectora de Gestión Privada, Elena Lamenza, y/o a la Jefatura Distrital, y solicita precisiones sobre la implementación de la medida en el establecimiento ubicado en Avenida 10 N° 475.
Desde la Asamblea señalaron que, si bien se trata de una institución de gestión privada, el establecimiento debe cumplir con la normativa vigente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en materia de protección, cuidado y convivencia escolar.
QUÉ QUIERE SABER LA ASAMBLEA
En la presentación, la APDH solicita conocer, en primer lugar, si la Jefatura Distrital había sido debidamente notificada antes de la instalación y puesta en funcionamiento del dispositivo.
También reclama que se informe quién fue la autoridad que autorizó la medida y cuál es el acto administrativo —disposición, resolución o norma— que respaldaría legalmente su implementación.
Por último, pide conocer cuáles fueron los fundamentos técnicos, pedagógicos y/o de seguridad que llevaron a la institución a adoptar el sistema de detección.
CUESTIONAMIENTOS A LA MEDIDA
La organización manifestó además su “profunda preocupación” por lo que considera un posible incumplimiento de los lineamientos establecidos en la “Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas y de Vulneración de Derechos en el Escenario Escolar” de la DGCyE bonaerense.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la Asamblea apunta a que la utilización de un detector de metales podría reemplazar, según su interpretación, las herramientas pedagógicas y de cuidado por una lógica vinculada al control y la seguridad.
En ese sentido, la APDH sostiene que la normativa provincial promueve la escucha, el diálogo y la construcción colectiva de los acuerdos de convivencia como herramientas para abordar situaciones conflictivas dentro de las escuelas.
Otro de los puntos señalados está relacionado con los procedimientos previstos ante la presencia o sospecha de armas dentro de una institución educativa. La Asamblea considera que la implementación generalizada de un detector podría resultar incompatible con una intervención que, según plantea, debería realizarse de manera específica ante cada situación y contemplando la participación de los equipos de orientación, las familias y los organismos correspondientes.
La organización también expresó preocupación por el impacto que este tipo de controles podría tener sobre los estudiantes y sostuvo que una medida de estas características podría generar situaciones de estigmatización y afectar el clima de confianza dentro de la comunidad educativa.
PIDEN SUSPENDER EL DISPOSITIVO
A partir de estos argumentos, la APDH Regional Tuyú Sur solicitó a las autoridades educativas que dispongan las actuaciones de supervisión e inspección necesarias para determinar la pertinencia y legalidad del dispositivo instalado.
Además, pidió que se ordene al establecimiento el cese o suspensión de la medida hasta tanto se garantice el cumplimiento de la normativa provincial y se dé intervención formal a la comunidad educativa y a los equipos interdisciplinarios correspondientes.
El planteo se suma a la controversia generada desde la implementación del detector de metales en el ingreso del Colegio San Martín, una medida que ya había provocado cuestionamientos vinculados con las demoras y la concentración de alumnos en el acceso al establecimiento.
Ahora, la presentación de la APDH coloca el foco en otro aspecto: determinar bajo qué marco institucional y normativo fue adoptada la decisión y qué intervención tuvieron las autoridades educativas provinciales.
