El Gobierno determinó que el transporte de media y larga distancia dejará de ser un servicio público y con esa medida desregulará buena parte de las exigencias que tienen las empresas que operan en el sector, entre ellas para la determinación de rutas, recorridos y precios. También se liberarán otras restricciones que permitirán el ingreso de nuevas compañías que operen combis en lugar de micros.
En el Gobierno nacional consideran que el cambio normativo central será la liberalización total del servicio al dejar de ser servicio público, algo que por ley le impone una serie de obligaciones. “La idea es que cualquier empresa que quiera hacer una ruta, se anota en un registro si tiene registro para conducir y transporte adecuado”, resumieron desde un despacho oficial. En el equipo económico creen que, a determinado plazo, un cambio de esta naturaleza debería redundar en una mayor oferta y competencia de precios.
