La fiscal Verónica Zamboni hace alrededor de un año que tenía en su poder la denuncia realizada por los concejales de oposición a fines del 2013. Luego de haber hecho un operativo en el municipio, a mediados del año pasado, donde en compañía de la policía federal incautó documentación, además de haber requerido información de la escribanía donde se conformaron las ocho empresas investigadas, ha decidió enviarla al archivo. Eso no significa que la misma se cierre, o que los denunciados queden libres de la acusación hecha por los concejales, pero si no surge algún nuevo indicio la misma no se reflotará. Para eso los concejales de la UCR se presentaron como Particulares Damnificados, con el fin de –en primer lugar- tener acceso total a la causa (cosa que hasta el día de hoy no han tenido) y luego poder sumar más pruebas para que la causa sea sacada de archivo. Para eso tienen esperanzas de que en estos días el intendente Barrera le de acceso a la documentación respaldatoria de la rendición de Cuentas 2012, cosa que Erneta ocultó y que ahora con una resolución de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata podrán exigir. 

 

Lo más llamativo del caso es que la fiscal que ha decidido archivar la causa, en su investigación encontró nuevos indicios que relacionan al ex intendente con las autoridades de algunas de las empresas, los cuales le habían dado a Erneta  poderes para que maneje un balneario de nuestra ciudad y un lujoso departamento de Barrio Norte.

 

En el primer caso, la empresa Lumarpa S.A, que tiene como socio a Juan Carlos Formosa (también dueño de la empresa  Travigen , investigada en esta causa) le dieron un poder general  a Jorge Rodriguez Erneta para la administración y disposición de, entre otras cosas, un departamento ubicado en  alameda 201 entre avenida Buenos Aires y calle 301. Por último vale señalar, que ese poder, se gestionó en la misma escribanía donde se crearon las empresas investigadas como “truchas”.

En el segundo caso, la empresa Benamar S.A, que tiene como socios a Ramón Valdez y Alberto Bustos (ambos también dueños de la sociedad Atalso S.A investigada en esta causa) le dieron un poder general a Jorge Rodríguez Erneta para la administración y disposición de, entre otras cosas, el balneario ubicado en paseo 109 y playa (único bien conocido). Es decir, que Erneta le otorgó por licitación en 2010 un balneario a una firma que luego le dio un poder para que él lo maneje. Por último vale señalar, que ese poder, se gestionó en la misma escribanía donde se crearon las ocho empresas investigadas como “truchas”.

Pedido de investigación

En la denuncia presentada por los concejales a fines de 2013, por aquel entonces en la fiscalía de Pinamar (luego la causa fue enviada a las fiscalías de Villa Gesell) se solicitaba varios puntos de prueba que la fiscal nunca solicitó y que al entender de los denunciantes son fundamentales para demostrar la posible comisión de delito. Ahora, cuando los concejales se conviertan en Particulares Damnificados, volverán a insistir para que:

-Se solicite al municipio los números de cheques, fecha e importes pagados a cada una de las empresas sospechadas durante los años 2011 y 2013.

-Al banco provincia para que remita los originales de los cheques de pago a esas sociedades.

- Pericia contable.

-Informe a migraciones sobre salidas del país de Erneta y Tavarone.

-Informe a la embajada de Estados Unidos sobre la empresa Fersan (formada por Erneta y Salto).

-Informes a Cotel, Cevige y Gesatel, además del consorcio donde se encuentra el departamento de Barrio Norte.

-Declaracion testimonial a: Silvia Jorge; Cristian Angelini y Gustavo Ciriaco.

Todos estos puntos nunca fueron investigados por la fiscal que archivó la causa. ¿Lograran los concejales que la investigación sea reabierta, para que se investigue fehacientemente?