A dos años del derrumbe del Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, la investigación judicial continúa abierta y atraviesa una etapa clave. En diálogo con los periodistas de Informe Central, por CNM Radio 93.3, el fiscal Juan Pablo Calderón brindó un pormenorizado informe sobre el expediente, el resultado de los estudios técnicos y los pasos que espera concretar en los próximos meses.
El funcionario confirmó que en agosto recibió el último informe correspondiente a una ampliación pericial y que actualmente la Fiscalía analiza el conjunto de la evidencia para definir la situación procesal de los imputados. Además, explicó que solicitó al Juzgado de Garantías una prórroga de seis meses para avanzar con la investigación y resolver, en primer término, la situación de quienes fueron imputados en la etapa inicial.
Calderón precisó que hay 17 personas imputadas: 12 corresponden a la primera etapa de la investigación y otras cinco fueron incorporadas posteriormente, a partir de los elementos que surgieron de los informes periciales.
“Los imputados son muchos, digamos, porque imputado no quiere decir que sea el responsable penalmente, es alguien que se lo está investigando”, aclaró Calderón durante la entrevista.
Ahora, la Fiscalía debe definir si solicita la elevación a juicio de la primera parte del expediente.
Qué determinaron las pericias sobre el edificio
Uno de los ejes centrales de la investigación es establecer por qué se desplomó el hotel. Según explicó el fiscal en Informe Central, los informes periciales coincidieron en señalar que el edificio presentaba graves deficiencias desde su concepción original.
El diagnóstico fue compartido por los peritos oficiales y por los profesionales que intervinieron a propuesta de las partes. Entre las irregularidades señaladas figura la ausencia, en el expediente municipal histórico, del cálculo estructural que debía respaldar la construcción.
Sin embargo, Calderón aclaró que los peritajes no lograron identificar de manera concluyente cuál fue la causa concreta del colapso. Esa limitación constituye uno de los principales desafíos de la investigación, porque la Fiscalía debe evaluar el conjunto de las pruebas para determinar si existen elementos suficientes que permitan atribuir responsabilidades penales.
Los informes descartaron que las tareas realizadas en el hueco del ascensor fueran la causa del derrumbe. Ese sector permaneció en pie, a diferencia de la parte del edificio que colapsó.
Respecto de las reformas que se ejecutaban en el sector derrumbado, los especialistas indicaron que eran trabajos no estructurales, como el cambio de aberturas, la pintura y la renovación de pisos. Según explicó el fiscal, no pudieron determinar que esas intervenciones hubieran afectado directamente la estructura ni establecer una relación causal concreta con el colapso.
“Hay una situación que es compleja para definir la causa, que es que estos peritajes no identifican cuál fue la causa del colapso”, sostuvo el fiscal en Informe Central.
Sin embargo, Calderón señaló que los informes contemplaron que determinadas tareas pueden tener incidencia en una estructura que ya presenta deficiencias, incluso cuando no se trate de intervenciones estructurales. Entre los ejemplos mencionó las vibraciones provocadas por herramientas de percusión y la sobrecarga generada por el acopio de materiales.
En ese escenario, el fiscal destacó un elemento que considera relevante para sostener la hipótesis de la acusación: el momento en que ocurrió el derrumbe.
“Es verdad que estaba mal hecho, pero no colapsó en cualquier momento, colapsó justo cuando se estaban haciendo las tareas de remodelación”, expresó.
En ese contexto, el fiscal sostuvo ante los micrófonos de CNM Radio 93.3 que el hecho de que el edificio se derrumbara precisamente mientras se realizaban trabajos de remodelación constituye un elemento relevante para analizar la posible responsabilidad de quienes intervenían en esa obra. Aclaró que la conclusión deberá surgir de la evaluación integral de la prueba.
La investigación también apunta a la construcción original
Los resultados técnicos llevaron a ampliar el alcance de la investigación. Además de las personas vinculadas con las tareas de remodelación, la Fiscalía incorporó a cinco nuevos imputados relacionados con el diseño original del edificio y con la intervención municipal durante su construcción.
Calderón explicó que el expediente histórico comprende actuaciones de las décadas de 1980 y 1990. Según reconstruyó, durante el proceso de construcción hubo intervenciones municipales que ordenaron detener los trabajos porque no contaban con las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, tiempo después, cuando el edificio ya estaba levantado, se aprobó la documentación denominada “conforme a obra”.
El fiscal explicó que esa aprobación implica reconocer que lo construido se corresponde con lo presentado en los planos, pero no necesariamente supone una verificación de cómo se ejecutó internamente la estructura. En el caso del Dubrovnik, los peritos detectaron deficiencias en las dimensiones de elementos estructurales, como vigas y columnas, y no encontraron en el expediente el cálculo estructural que debía respaldar la obra.
Por esa razón, la investigación busca determinar si también existen responsabilidades entre quienes diseñaron el edificio y quienes intervinieron en la aprobación de los planos. El fiscal señaló que el paso del tiempo y la eventual jubilación de funcionarios no descartan por sí solos una posible responsabilidad penal, aunque su existencia deberá establecerse dentro del proceso judicial.
La hipótesis de la acusación contempla tanto las posibles responsabilidades vinculadas con la construcción original como las relacionadas con los trabajos que se desarrollaban cuando ocurrió el derrumbe. Se trata de una teoría que deberá ser evaluada judicialmente y frente a la cual los imputados podrán ejercer sus defensas.
La Fiscalía ya dispone de la mayor parte de los elementos probatorios, pero todavía resta completar algunas tareas, entre ellas el análisis de material informático contenido en una computadora secuestrada. El objetivo es revisar la evidencia disponible y determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia una instancia de juicio oral.
El fiscal anticipó que probablemente deba dividir el proceso en etapas. La intención es avanzar primero con la situación de las personas que ya prestaron declaración y continuar posteriormente con los nuevos imputados, que todavía no fueron convocados a esa instancia.
Según explicó, esta alternativa permitiría evitar que toda la investigación se extienda más de lo necesario y, al mismo tiempo, ofrecer una respuesta judicial más próxima a los familiares de las víctimas.
¿Cuándo podría llegar el juicio?
Consultado por los periodistas de CNM Radio 93.3 sobre los plazos, Calderón manifestó que espera poder solicitar la elevación a juicio de la primera parte de la causa durante los próximos meses. Aclaró que esa posibilidad depende de que la Fiscalía considere reunidos los elementos necesarios y de que el juez de Garantías avale el pedido.
Si la solicitud fuera rechazada, podrían abrirse nuevas instancias de revisión. Además, una eventual elevación a juicio no significa que el debate oral comience inmediatamente, ya que también dependerá de la agenda y los tiempos de los tribunales.
Por eso, aunque expresó su expectativa de que el proceso avance antes de 2028 o 2029, no estableció una fecha concreta para el inicio de un eventual juicio.
La acusación se encuadra en la figura de estrago culposo seguido de muerte. Por el momento, no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de las personas imputadas.
