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Judiciales

Barrera denunció en la Justicia Federal al PAMI por la quita de cápitas al hospital

03-06-2025 El intendente realizó una presentación formal en la Fiscalía Federal de Dolores para que se investigue la reducción de cápitas del PAMI que antes estaban asignadas al Hospital Municipal. La medida generó un perjuicio millonario para el sistema de salud local.
El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, confirmó este lunes que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Dolores contra el PAMI por la quita de más de mil cápitas que históricamente eran atendidas en el Hospital Municipal Arturo Illia.
 
“Hoy efectué una denuncia en la Fiscalía Federal de Dolores, vinculada con PAMI, para que se investigue la disminución y quita de cápitas asignadas al Hospital de Villa Gesell, lo que causa un grave perjuicio a las arcas municipales”, expresó Barrera en sus redes oficiales.
 
 
UN PERJUICIO DE 10 MILLONES DE PESOS MENSUALES
 
Días atrás, el jefe comunal había adelantado públicamente que el desvío de cápitas hacia una clínica privada de General Madariaga implicaba una pérdida económica de 10 millones de pesos mensuales para el municipio. Pese a ese traslado administrativo, la gran mayoría de los afiliados continúa atendiéndose en el hospital público de Gesell.
 
“El hospital presta la atención, pero no cobra. Cobra otro”, advirtió Barrera en declaraciones radiales.
 
Desde la Asesoría Legal y Técnica del municipio confirmaron que la denuncia busca esclarecer si hubo actos de corrupción o irregularidades administrativas en la decisión de PAMI de redireccionar los fondos de las cápitas sin consulta ni aviso previo.
 
La presentación también podría derivar en pedidos de información a las autoridades del PAMI nacional y local, especialmente a Javier Russo, jefe de la oficina en Villa Gesell, a quien Barrera ya había señalado públicamente como responsable del perjuicio.
 
El reclamo geselino no está aislado. Intendentes de Pinamar y Madariaga también manifestaron preocupación por situaciones similares y suman a acciones judiciales para exigir la restitución de las cápitas desviadas a prestadores privados.
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