La novena ordinaria del Concejo Deliberante comenzó alrededor de las 16.30 horas, y finalizó minutos antes de las 23. La misma estuvo presidida por primera vez por el concejal Cristian Angelini (por la intendencia interina Adriana Migliorisi) y con la asunción –en reemplazo de la edil- de Juan Scuteri.
Luego, se ingresaron algunos expedientes y se conocieron varios despachos, de las comisiones del cuerpo.
Sobre los proyectos presentados por los bloques políticos, en primer lugar se dio ingreso a la comisión respectiva, un expediente para cambiar la zonificación del edificio del ex acuario.
Luego, se dio tratamiento a los proyectos de resolución. En primera instancia, se trató un proyecto ingresado sobre tablas – el primero de muchos en esa condición- vinculado al Código de Descuento para el SEM.
También se pidió informe al Departamento Ejecutivo sobre agencias de remises, licencias de taxi y remises otorgadas por la municipalidad. Otro proyecto que fue aprobado solicitó información sobre la retención y atraso en el pago de salarios familiares a empleados municipales. Hubo un pedido para la reactivación de la Dirección de Juventud.
En otro pasaje, los concejales del oficialismo, impulsaron un pedido de informe, al mismo Ejecutivo al que responde, vinculado a la línea de rivera. El expediente fue a comisión.
Hubo lugar para tratar otro expediente vinculado al Juzgado de Garantías. El HCD solicitó al municipio que ceda un lugar para la instalación de ese organismo judicial en nuestra ciudad.
A partir de allí, entró una seguidilla de proyectos sobre tablas. El primero pide la prohibición de un evento de vehículos 4x4 en la reserva; luego, se pidió informe sobre la el cierre de un sector de la playa, a la altura de las calles 28 y 29 de Las Gaviotas; también, se pidió informe sobre el destino de los fondos del plan provincial de “Fortalecimiento en Seguridad”; por otro lado, los concejales reiteraron el pedido de informe sobre la adjudicación del servicio de recolección de residuos a la empresa Santa Elena; por último, se solicitó al Ejecutivo que informe el plan de obras publicas presentado al gobierno provincial.
Al final, se dio tratamiento a un proyecto que eraba dentro de las “peticiones particulares”, vinculado a una nota presentada por vecinos del Barrio San Jorge.
