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Política

Barrera reconoció que las antenas no tienen estudio de impacto ambiental

20-11-2015 Lo hizo en una reunión desarrollada en la tarde de hoy, junto a los ambientalistas. De esta manera, el intendente desmintió lo dado a conocer dias atras, cuando desde el propio municipio se había asegurado que ¨la instalación de las antenas que aprobó el municipio está regida por el OPDS¨. Supuestamente, el avance en la instalación, estaría paralizada.
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Parece que todo no estaba tan legal, como se decía. Por lo menos así se lo dio a entender el intendente municipal, a referentes de la Asamblea del Médano Costero, al reconocerle que la empresa de telefonía nunca presentó los estudios de impacto ambiental de cada antena que se habilitó a instalar en la costa de nuestra ciudad. 
Sucede que el fin de semana, inmediatamente posterior a las elecciones generales, llegaron a Villa Gesell camiones y maquinarias que colocaron varios postes de cemento en distintos puntos de la playa. Esas estructuras de hormigón sostenían antenas de telefonía celular.
El lunes 2 de noviembre, MinutoG fue el único medio que dio a conocer la novedad, planteando la falta de información oficial sobre la instalación de las antenas en espacio público. A raíz de esa nota, el Departamento Ejecutivo, dio a conocer un comunicado a través de Prensa Municipal. En el mismo, reconocía que ¨ según lo acordado con las tres empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil, se lleva adelante la instalación de 11 antenas de bajo impacto ambiental, ubicadas en nuevos postes de luz¨, y se destacaba que: ¨la instalación de las antenas que aprobó el municipio está regida por el OPDS¨. Esa información brindada por el municipio, dejó en claro que los permisos de uso del espacio público fueron dados a las empresas, sin la convalidación del Concejo Deliberante.
Después del paso de varios días sin novedades sobre el tema, la empresa contrata para instalar las antenas, volvió  a Villa Gesell. Al reanudar los trabajos, ambientalistas de nuestra comunidad comenzaron a seguir el tema, impedir la instalación de algunas de ellas y denunciar otras que se encontraban en predios privados.  Producto de esas acciones, el tema se tornó polémico. 
A inicios de esta semana, los ambientalistas se dirigieron al municipio, para conocer detalles del acuerdo entre la comuna y las empresas. Allí fueron recibidos por el asesor legal y técnico de la municipalidad. En ese encuentro, según los dichos de los asambleístas, se les expresó que había un convenio firmado y que había un estudio de impacto ambiental aprobado por la OPDS; aunque ninguna de esa documentación fue exhibida. Los vecinos que participaron del conclave, también declararon a la prensa que el funcionario le habría sugerido que impidan la colocación de nuevas antenas. Esa postura sonó contradictoria al permiso que se había emanado desde el estado municipal. 
En el transcurso de esta semana, los ambientalistas volvieron a impedir que las antenas sean colocadas en distintos puntos de la ciudad. Estos nuevos episodios se tornaron confusos, ante la existencia de permisos que no se terminaban de concretar y sin la participación activa del municipio -quien posee el poder de policía-.
Los trabajos siguieron, sin que lleguen a ser evitados por los vecinos involucrados en la polémica. En la tarde del jueves, un grupo de residentes de barrio Norte habrían trasladado dos zapatas -que iban a ser instaladas en la costa- hasta la puerta de la casa del intendente Barrera. 
La jornada del viernes resultó clave en esta polémica. Los ambientalistas anunciaron la realización de una asamblea en carácter de urgente para horas de la tarde. Ante este anuncio, el propio intendente convocó a los referentes de ese grupo a una reunión –previa a la asamblea- para analizar el tema. En ese encuentro, Barrera le reconoció a los vecinos que la empresa no había presentado los estudios de impacto ambiental como se habría comprometido; y por ello, se la había intimida a que cese con la colocación de las antenas. También se la habría intimado a la empresa proveedora de cemento, para que abstenga de abastecer de ese material o de lo contrario también se lo acusaría de estar en falta. La confesión del intendente dejó al descubierto que lo expresado, en primera instancia- por prensa municipal y en  segundo término por el abogado del municipio, no era verdad y que la empresa se manejó, durante estas semanas, sin un control estricto del estado.
El tema tendrá continuidad la semana próxima, según anticiparon los ambientalistas, luego de la asamblea realizada en la tarde de hoy, ocasión en la que analizaron todo lo ocurrido -sobre este tema- en los últimos días. 
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