La causa judicial que durante más de una década investigó el patrimonio del exsecretario de Gobierno de Villa Gesell, Osvaldo Félix Tavarone, volvió a instalarse en el centro de la discusión política local.
Durante la sesión del Concejo Deliberante realizada anoche, los concejales Noelia Atala y Daniel Rodríguez Rodríguez presentaron un proyecto de resolución vinculado al archivo de la investigación y reclamaron explicaciones a la Justicia.
La iniciativa propone que el cuerpo deliberativo manifieste formalmente su “disconformidad institucional” con el archivo de la IPP 03040007891500, al considerar especialmente relevante que la investigación haya concluido después de aproximadamente 11 años sin un pronunciamiento sobre el fondo de las sospechas investigadas.
Uno de los principales cuestionamientos planteados en el proyecto está relacionado con la falta de documentación bancaria durante la investigación. Los autores consideran que resulta necesario conocer qué medidas fueron adoptadas para obtener esa información y si, ante eventuales incumplimientos de las entidades requeridas, se utilizaron mecanismos compulsivos.
Pedido de explicaciones a la Justicia
El proyecto solicita a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Dolores, o al órgano de alzada que corresponda, que remita al Concejo un informe detallado sobre el desarrollo de la investigación.
Entre otros puntos, se pide conocer si se libraron oficios a entidades financieras, cuántos fueron enviados, en qué fechas y a qué organismos o entidades; si fueron respondidos en tiempo y forma y, en caso contrario, qué medidas se adoptaron para obtener las respuestas.
También se solicita que se informe cuáles fueron los fundamentos jurídicos utilizados para disponer el archivo y si esa decisión puede ser revisada a pedido de alguna de las partes o del propio Municipio.
Otro de los interrogantes planteados apunta directamente a la Municipalidad de Villa Gesell: el Concejo pretende saber si el gobierno municipal fue considerado particular damnificado o si fue notificado en carácter de eventual perjudicado por un posible daño al erario público.
Una causa que comenzó en 2015
La investigación sobre el patrimonio de Tavarone se inició a partir de una denuncia presentada en febrero de 2015 por concejales del entonces Frente Amplio Unen. La presentación judicial apuntaba a investigar una serie de propiedades y bienes vinculados al exfuncionario y su entorno familiar, y planteaba la posibilidad de delitos como enriquecimiento ilícito, encubrimiento y lavado de activos.
Tavarone había sido secretario de Gobierno durante la gestión del exintendente Jorge Rodríguez Erneta, entre diciembre de 2007 y abril de 2014. En aquel momento, los denunciantes cuestionaban que el crecimiento patrimonial que atribuían al exfuncionario no tendría correlato con sus ingresos como integrante del gobierno municipal.
Entre los bienes mencionados en aquella denuncia aparecían distintos inmuebles y vehículos, además de un departamento en el complejo Altos del Pinar, ubicado en la zona norte de Villa Gesell.
La Justicia archivó la investigación
La resolución judicial que dispuso el cierre de la causa tiene fecha 3 de marzo de 2026 y fue remitida al Concejo Deliberante el 13 de agosto, según los antecedentes publicados sobre el caso.
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, durante los años de investigación se libraron numerosos oficios a entidades financieras, registros de la propiedad inmueble y automotor y organismos tributarios. Sin embargo, las demoras en las respuestas y la falta de elementos concluyentes impidieron alcanzar una pericia contable que permitiera formular una acusación con el grado de certeza requerido.
El archivo de la causa, por lo tanto, no equivale a una declaración de inocencia sobre los hechos investigados, sino al cierre de la investigación sin que se haya logrado reunir evidencia suficiente para sostener una acusación penal, según surge de los fundamentos difundidos.
Ahora, el proyecto presentado en el Concejo busca precisamente conocer en detalle cómo se desarrolló esa investigación, qué medidas se tomaron para obtener la documentación considerada relevante.
El texto también propone remitir copia de la resolución a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Dolores, al Ministerio Público Fiscal bonaerense y a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, para su conocimiento.
El caso vuelve así a ocupar un lugar en la agenda política geselina, esta vez a partir de un planteo institucional que pone bajo la lupa tanto el modo en que terminó la investigación judicial.
