El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, el pasado viernes firmó el Decreto N° 1083 mediante el cual se crea un Régimen Transitorio de Ocupación Precaria para las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) del frente marítimo local, mientras avanzan los estudios técnicos y ambientales que definirán el futuro esquema de explotación de las concesiones de playa.

 

La medida surge a partir de solicitudes presentadas por la Cámara de Concesionarios de Playa para extender los plazos de las concesiones actualmente vigentes. Sin embargo, tras el análisis realizado por distintas áreas municipales y la Asesoría Legal y Técnica, el Ejecutivo resolvió establecer un mecanismo transitorio que garantice la continuidad de los servicios.

 

Entre los fundamentos del decreto se menciona que la Municipalidad se encuentra desarrollando un proceso integral de planificación, revisión y reformulación del frente costero mediante la elaboración del Plan Costero de Paisaje Sostenible del Frente Marítimo de Villa Gesell. Para ello participan organismos científicos, universidades nacionales, organismos provinciales y equipos técnicos especializados en geología costera, dinámica litoral, planificación territorial y gestión ambiental.

 

El documento también destaca la vigencia de la medida cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa iniciada por Héctor Luis Baldo contra la Municipalidad de Villa Gesell, vinculada a la normativa que regula el frente marítimo, situación que obliga a extremar los recaudos antes de adoptar decisiones que puedan comprometer el futuro ordenamiento costero.

 

Asimismo, el Ejecutivo sostiene que desde la adjudicación original de las concesiones se produjo una importante evolución del marco normativo ambiental, incorporándose nuevas exigencias derivadas de la Ley General del Ambiente, acuerdos internacionales y normativa provincial específica.

 

El decreto establece que el régimen transitorio tendrá como finalidad garantizar la continuidad de los servicios turísticos, recreativos, sanitarios, de seguridad y de apoyo a la actividad de playa mientras se desarrollan los estudios técnicos, ambientales, urbanísticos e institucionales necesarios para la implementación del futuro régimen integral de explotación del frente costero.

 

La norma instruye además a las áreas competentes para que adopten las medidas administrativas necesarias a medida que vayan venciendo las distintas concesiones, asegurando la prestación de los servicios hasta que entre en vigencia el nuevo esquema.

 

Finalmente, el Departamento Ejecutivo remitió las actuaciones al Honorable Concejo Deliberante junto con un proyecto de ordenanza y un modelo de contrato de uso precario para su tratamiento y consideración. El decreto fue dictado “ad referéndum” del cuerpo legislativo, que deberá analizar y definir la continuidad del régimen propuesto.