El intendente Gustavo Barrera firmó el Decreto N.º 1027 mediante el cual vetó en forma total la Ordenanza N.º 3636, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el pasado 1 de junio, que introducía modificaciones en la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.
La norma aprobada por el Concejo modificaba el régimen de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, la Tasa de Servicios Urbanos aplicable a complejos turísticos y eliminaba el reempadronamiento anual de habilitaciones comerciales.
Entre los argumentos expuestos por el Departamento Ejecutivo para justificar el veto, se señala que la ordenanza fue sancionada sin iniciativa del Ejecutivo municipal y durante la ejecución del cálculo de recursos del ejercicio en curso, alterando recursos tributarios ya presupuestados.
Según el decreto, la Secretaría de Hacienda realizó un análisis del impacto económico de la medida y concluyó que la modificación generaría una disminución significativa de la recaudación municipal. El informe estima una pérdida anual de más de 604 millones de pesos vinculada a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, además de una reducción de recursos cercana a los 438 millones de pesos por los cambios en la Tasa de Servicios Urbanos para complejos turísticos.
De acuerdo con el estudio oficial, el impacto total ascendería a 1.272 millones de pesos, monto que, según el Ejecutivo, no cuenta con una fuente de financiamiento compensatoria y pondría en riesgo el equilibrio fiscal del municipio.
El decreto también sostiene que el expediente legislativo careció de informes técnicos y financieros que permitieran evaluar adecuadamente las consecuencias económicas de las modificaciones aprobadas, situación que —según el gobierno local— afecta la validez del acto administrativo.
Otro de los fundamentos invocados es un antecedente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en una causa vinculada a conflictos de competencia entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Villa Gesell. En ese sentido, el Ejecutivo argumenta que las iniciativas que afectan recursos presupuestarios deben originarse en el Departamento Ejecutivo, por tratarse de materias vinculadas a la administración financiera municipal.
Asimismo, la Secretaría Legal y Técnica concluyó que la ordenanza presenta presuntas incompatibilidades con artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y con principios constitucionales relacionados con la división de poderes y la administración de los recursos públicos.
Por todo ello, el intendente Gustavo Barrera resolvió vetar en su totalidad la Ordenanza N.º 3636 y remitir el decreto al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento, conforme al procedimiento establecido por la legislación vigente.
Ahora será el propio cuerpo deliberativo el que deberá analizar el veto del Ejecutivo y definir los pasos a seguir respecto de la norma sancionada. Se incisite, será judicializada.
