El momento de mayor tensión política se dio en torno al tratamiento de un proyecto para regular las habilitaciones comerciales, en un contexto atravesado por la instalación de grandes superficies y su impacto en el comercio local.
La controversia se desató al evidenciarse que el despacho de comisión contenía errores significativos. En ese marco, se señaló que el propio bloque impulsor de la iniciativa no había firmado el despacho, lo que dejó expuesto que ni siquiera había sido debidamente leído, derivando en inconsistencias técnicas y riesgos concretos en su aplicación.
La situación obligó a un cuarto intermedio y posteriormente al funcionamiento del Concejo en comisión, dejando en evidencia la falta de un trabajo ordenado y responsable sobre un expediente de alto impacto.
Mientras algunos sectores insistían en avanzar con la votación de manera inmediata —incluso proponiendo la suspensión temporal de habilitaciones comerciales—, otros concejales advirtieron sobre las consecuencias de aprobar una ordenanza con errores, teniendo en cuenta que no podría ser corregida hasta el próximo año.
Finalmente, el Concejo resolvió devolver el expediente a comisión para continuar su tratamiento.
