Los dirigentes del gremio Camioneros y el gobierno provincial llegaron a un acuerdo para establecer una conciliación obligatoria por el conflicto que generaron luego de que el municipio le notificara a la empresa Santa Elena que no renovaría el contrato por el servicio de barrido manual en las calles céntricas.
Funcionarios provinciales se comprometieron a intervenir en el proceso de diálogo con la empresa, con el fin de que no despida a ningún trabajdor.
La conciliación obligatoria implica que las partes deberán mantener conversaciones bajo la supervisión del gobierno provincial, buscando resolver el conflicto.
El acuerdo pone un marco legal que obliga a las partes a dialogar y a evitar medidas que puedan perjudicar cualquiera de los servicios contratados por el municipio.
La tensión persiste, pero la medida establece un canal institucional que busca transformar la confrontación en negociación efectiva y que le da a las partes 15 días hábiles con posibilidad de prórroga por el mismo plazo.
