El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el mayor prestador de salud pública de la Argentina, atraviesa por estas horas un escándalo de proporciones que ya está en manos del Poder Judicial. La denuncia, que comenzó por un minucioso seguimiento administrativo y testimonios de prestadores afectados, apunta directamente a la cúpula de la obra social de los jubilados, señalando a Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo como responsables de una red de compras sin licitación y débitos injustificados.
Según la investigación, se habrían realizado contrataciones directas por vía de excepción en insumos clave para la atención médica, justificadas por 'urgencias operativas', que en los hechos encubrían precios inflados hasta en un 700%. La modalidad no solo habría evitado los controles propios de un proceso licitatorio, sino que benefició a empresas vinculadas a funcionarios del propio organismo.
En paralelo, cientos de prestadores de salud de distintas provincias denuncian que el PAMI les retiene automáticamente el 10% de sus pagos bajo conceptos poco claros o directamente inexistentes. Esto, en un contexto de alta inflación y deterioro del sistema de salud, agrava aún más la situación de clínicas, sanatorios y profesionales que dependen de esos fondos para sostener sus servicios.
El caso ya fue judicializado y se espera que avance hacia distintas delegaciones provinciales, donde podrían repetirse las mismas prácticas que hoy comprometen a la gestión central. Las primeras medidas judiciales apuntan a un pedido de informes internos, la revisión de contratos firmados en los últimos 12 meses y la convocatoria de prestadores a declarar como testigos.
Si bien los focos principales del escándalo están puestos en la administración nacional, todo indica que la lupa judicial no tardará en girar hacia el interior del país, donde se replican los efectos del esquema investigado. La trama recién comienza y promete nuevas revelaciones.
