El comunicado:
El Bloque de Concejalas y Concejales del Frente de Todos Villa Gesell manifiesta su total solidaridad con la compañera Cristina Fernández de Kirchner ante la persecución judicial y el claro intento de proscripción que ejercen representantes de uno de los tres poderes del Estado.
En la mañana del 9 de marzo los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso hicieron públicos los fundamentos de una sentencia que denunciamos como escrita mucho tiempo antes de darse a conocer. Una sentencia llena de palabras vacías, sin pruebas y con un objetivo específico: evitar la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público.
No se trata de una condena, sino más bien de un mensaje para todas aquellas dirigentes que representan a los trabajadores, a los estudiantes, a los productores y a los que invierten y apuestan por la Nación. El mensaje se traduce fácilmente: aquellos que desafíen el orden establecido, quienes se atreven a ir en contra del orden establecido, los que creen que transformar la Argentina es posible, deben saber que el precio a pagar es la vida personal y de la familia. No importan las pruebas, no importa el funcionamiento del estado de derecho, no importa la real culpabilidad o inocencia de las personas imputadas. Lo que tiene que quedar claro es el mensaje.
Los ejemplos de este mecanismo abundan en toda América Latina. Se trata de la utilización descarada del Poder Judicial para alcanzar aquello que por vías democráticas no consiguen. Pasó con Lula da Silva en Brasil, intentando evitar su candidatura y favorecer la candidatura de Jair Bolsonaro; y es un reflejo del futuro que intentan para Argentina en este año de elecciones. En el caso de Lula, los tribunales superiores revirtieron la decisión, pero el daño ya estaba hecho.
La condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner es en realidad una impugnación judicial a las políticas que llevó a cabo en sus gobiernos. Es un acto de gravísimo peligro institucional por parte de uno de los poderes del Estado, porque busca marcar una línea respecto de cuáles candidatos y espacios políticos son democráticos legítimamente, y cuáles no, cuáles pueden ser electos a través de elecciones libres y cuáles no. En Argentina, que este año cumple 40 años de democracia ininterrumpida, no se trata de un acto inocente. No se debe dejar pasar por alto y es necesario manifestarse a viva voz en contra de estos atropellos.
Al movimiento nacional y popular le ha tocado ganar y perder elecciones. Pero siempre ha mantenido la dignidad, escuchado el mensaje de las urnas y trabajado para reformular las propuestas políticas y electorales para responder a las demandas de la sociedad. En 2019 el pueblo le dio la espalda al estrepitoso fracaso que representó el gobierno de Mauricio Macri.
El neoliberalismo no consiguió la reelección aún contando con el apoyo explícito y los recursos del Fondo Monetario Internacional, los principales medios concentrados de comunicación (Telecom, Clarín, La Nación, etc), organizaciones empresariales, servicios de inteligencia y gran parte del Poder Judicial. Ahora, esa disputa continúa. Pero el ex presidente y el círculo rojo deben entender que las disputas se tienen que dar en el marco de las reglas de juego de la democracia y la república.
No se puede pretender mediante un fallo judicial, por más páginas vacías de pruebas y argumentos sólidos que agreguen, resolver lo que en cuatro años de gobierno destruyeron. Los jueces que condenaron a la compañera Cristina Fernández son integrantes de los poderes que en cuatro años llevaron a la Argentina a la fase de mayor endeudamiento con el FMI, a la pérdida de millones de puestos de trabajo y el sometimiento a políticas públicas que ya se han demostrado fallidas en nuestro país.
Nos merecemos un Sistema Judicial que funcione. La Argentina cumple 40 años y su Poder Judicial es el que menos avances produjo en materia de democratización. Gran parte de la sociedad reconocen que es un poder oscuro, enemistado con las prácticas de transparencia y con marcados manejos espurios con empresarios y representantes de medios de comunicación. Con jueces que han sido designados por decreto y con un mandato específico: fallar en contra de los intereses de la comunidad en su conjunto, como lo han hecho cuando intentaron aplicar el 2x1 a genocidas, cuando favorecieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la coparticipación en detrimento de las demás provincias y con la lentitud con que se avanza en hechos como el intento de magnicidio de la compañera Cristina.
Cristina Fernández de Kirchner tiene toda nuestra solidaridad, y no dejaremos de convocar a aquellos que sientan como propia la reivindicación de la democracia, a manifestarse para que de una vez por toda se acabe el intento de proscripción de un espacio y sus dirigentes políticos .
