El gobierno acaba de anunciar y presentar en la Comisión de previsión del Senado una modificación a la ley de movilidad que se había enviado la semana anterior y lo presenta como un verdadero beneficio para los jubilados de todo el país. La realidad es que el anuncio del descuento en marzo del aumento del 5% del decreto de diciembre fue la gota que rebalsó el vaso por el enome malestar creado en el seno de las organizaciones de jubilados y en la clase obrera de conjunto, poniendo en riesgo la aprobación del proyecto elaborado con el FMI. En el marco del impacto de la represión en Guernica, del ajuste contra el IFE, de los tarifazos, de la espiral inflacionaria, el texto definitivo cayó como una bomba en la propia base de apoyo del gobierno y del kirhnersimo. Empezaron a aparecer signos de dificultad para hacerla votar en su propia bancada mayoritaria y entre los aliados que les dan las mayorías ajustadas a sus leyes. Tengamos en cuenta que Juntos por el Cambio, compartiendo la orientación el rumbo fondomonetarista, tiene la excusa de defender su movilidad, por lo que su voto será contrario a pura demogogia. El robo a los jubilados es tan explícito que debieron maquillarlo. Los cambios introducidos a su propio proyecto son referidos a la periodicidad de la aplicación de la movilidad, que volvería a ser trimestral y no semestral como en el proyecto originalmente presentado con bombos y platillos por Raverta y Fernández. El otro cambio es en el 50% referido a la variación salarial. Plantean que sea sobre lo mejor entre el Ripte (promedio de los sueldos en blanco) o la variación salarial del Indec que promedia todos los sueldos. El otro 50% lo mantienen sobre la recaudación tributaria lo que generó una controversia en el seno de la Comisión previsional del senado ya que si sólo se toman los impuestos, de un plumazo estarían soslayando los aportes patronales cuya consecuencia sería la desvinculación total de las jubilaciones de la idea de salario diferido. Pero, justamente ese es el espíritu. La esencia se mantiene: desindexar las jubilaciones La fórmula presentada y corregida por el gobierno se basa en la desindexación de las jubilaciones ya que no toma la inflación, que es galopante. Justamente el mecanismo de licuación del gasto. Su slogan es la desindexación de la economía lo que sólo vale para jubilaciones y sueldos. Es más, para las jubilaciones la desindexación es doble. Porque los salarios también se están “desindexando” a la baja. La fórmula en discusión es una garantía de desvalorización jubilatoria ya que se continúa el cálculo de la movilidad tomando seis meses para atrás, por lo que el jubilado nunca recupera lo perdido. Paulatinamente se va retrayendo su haber, su poder adquisitivo. Tampoco se establece la devolución del 19,5% perdido durante el gobierno de Macri, aunque el staff de Fernández se la pasa hablando de eso. Paradójicamente, con respecto al endeudamiento con el FMI y los fondos acreedores también dicen que es “culpa” de Macri pero lo pagan. Y lo pagan con creces porque la deuda en pesos está siendo renovada por bonos atados al dólar y otros indexados por el índice CER, que refleja la inflación. La fórmula mantiene su esencia, robarle a los jubilados mientras dan garantías al capital financiero. No recomponen los haberes jubilatorios de la mayoría que cobrará la mínima de $19.035, por debajo de la línea de indigencia. Tampoco devuelven lo que perdieron los jubilados por la suspensión de la fórmula anterior que fue una de las primeras medidas de gobierno de Fernández, que ya ha cumplido un año, y que ha sido reconocida como anticonstitucional y agraviante por la corte de Paraná. Los decretos presidenciales de suspensión de la movilidad, cuyo último golpe es el 5% de diciembre, con sus $903 mensuales o $30 por día para la mínima, son la culminación de una política de avasallamiento de las jubilaciones que ha significado una confiscación de más de 98 mil millones (La Nación, 3/12) en favor del tesoro nacional que se tributa para avanzar en las negociaciones con el FMI. Queda por verse el efecto que la modificación introducida produce en el plan que están diseñando con los acreedores y que quieren presentar ante Biden para ver si los apaña ante los Black Rock y el FMI. El retroceso puede ser el comienzo de una crisis mayúscula, porque el gobierno depende del visto bueno y el monitoreo del gendarme financiero mundial. La enmienda del gobierno, presentada en los medios como una mejora sustancial a los jubilados, encubre su propia crisis y la necesidad de disfrazar una fórmula hacia marzo y el miserable decreto del 5% que ha sido criticado por todas las organizaciones de jubilados y obligó a tomar distancia a miembros de su propia coalición entre los que están la CGT, Lozano y Mirta Tundis. Ninguno habla de defender el Anses y las cajas provinciales y especiales, de reponer los aportes patronales, acabando con el trabajo precario y en negro y de devolver todos los fondos jubilatorios usados por Fernández y los gobiernos anteriores con fines ajenos a los trabajadores y jubilados. En la reunión de senadores con Raverta y otros funcionarios tuvieron el descaro de sostener que la nueva fórmula no toma la inflación porque apuesta al desarrollo económico de la Argentina, cuestión de por sí absurda. Pero es el razonamiento de Epert, por mucho que les pese: bajar el “gasto” público para bajar la inflación. Y los jubilados serían el principal “gasto público”. Rechacemos la reforma previsional. Plan de lucha. Paro general Mientras el gobierno quiere hacer pasar su fórmula antijubilatoria, con enmiendas mínimas, las organizaciones de jubilados participaban de la Audiencia Pública convocada por Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, del FITU, junto al Plenario de Trabajadores Jubilados y otras organizaciones de todo el país y del acto frente al Congreso al mismo tiempo que acciones en todo el país. El centro de todas las intervenciones fue la denuncia de la fórmula de movilidad presentada por Fernández que es un paso enorme en depreciar las jubilaciones y con esto lograr un superávit en las cuentas para cumplir con el FMI. La Audiencia fue un terreno para desarrollar fuertemente la campaña por el rechazo a la reforma antijubilatoria pactada con el FMI, de exigencia de paro general y plan de lucha a la CGT y a la CTa, de que rompan con el gobierno que ejecuta el ajuste.
