El juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, rechazó el amparo colectivo nacional que habían formulado los intendentes y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) para frenar la suba de las tarifas en la energía eléctrica.
El fallo consideró que no se podía evaluar la razonabilidad de la tarifa en forma general y para todos los usuarios. En ese sentido, consignó que existen situaciones de la más variada gama entre los usuarios residenciales. Expresó que se encuentran desde "jubilados y pensionados hasta ejecutivos de alto poder adquisitivo".
Recondo sostuvo, en su fallo, que el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista -tramo generación- fijado por la Administración Nacional apunta a un servicio “desregulado” para un insumo que se distribuye en "base a la libre oferta y la demanda”.
“La intervención de la Administración Nacional al momento de establecer el precio estacional de la energía -conforme lo hizo mediante Resolución 366/2018-, está limitada al mero reconocimiento del precio del insumo en el mercado desregulado, en un momento determinado”, remarcó.
Si bien el juez había cuestionado la legimitidad de los intendentes para peticionar, la causa seguía en trámite a partir del reconocimiento de CEPIS, Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) y la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC).
El amparo había sido presentado en febrero, a partir del impulso dado por intendentes del Partido Justicialista bonaerense y miembros de organizaciones en defensa del consumidor.
“La tarifa final que cada usuaria y usuario del servicio público de electricidad, carece a todas luces de razonabilidad; ello no sólo desde el aspecto cuantitativo sino también cualitativo”, manifiesta el escrito presentado por los demandantes. Retoma así un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2016 en ese sentido.
“La pretensión se funda en que las resoluciones en crisis aplican un incremento en el costo de la electricidad mayorista (MEM), de alcance nacional para todas las distribuidoras de la República, al par que las restantes autorizan trasladar a las tarifas de las y los usuarios del servicio público de electricidad de competencia federal, los incrementos en dicho costo mayorista, contraviniendo los principios rectores en la materia”, se indicó en otro de los párrafos de la presentación original.
Firmantes
Quienes pusieron su firma en el documento fueron Fernando Gray, titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, y los jefes comunales Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gabriel Katopodis (San Martín), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Barrera (Villa Gesell), y los diputados Felipe Solá y Cristina Álvarez Rodríguez más el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
El escrito llevo además las firmas de la Asociación Civil DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores), y la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (A.D.D.U.C.).
