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La Región

Avanza la causa por el derrumbe de Santa Teresita que le quitó la vida a seis geselinos

16-05-2018 Peritos de la Corte estuvieron en el lugar de los hechos y, según se pudo saber, darán a conocer el informe en 20 días. Expectativas por el resultado.
El derrumbe del Espacio Multicultural de Santa Teresita avanza a paso firme. Según pudo saber LaTecla.Info, peritos de la Corte Suprema se hicieron presentes en el lugar de los hechos para hacer un análisis exhaustivo y así determinar las causas y responsabilidades del hecho.
 
El informe final estará listo en 20 días, momento en que llegará a las manos del fiscal a cargo de la investigación Gustavo Mascioli. En ese entonces se podrá avanzar en la imputación y procesamiento de los presuntos culpables.
 
Tal como publicó este medio, el magistrado ya había señalado en principio a dos responsables primarios por parte del Municipio: el secretario de Obras Públicas del Partido de La Costa, Juan Pablo García, y el director de esa dependencia, Danilo Taranti.
 
“Lo más lógico es pensar que ellos tengan en prima facie algún tipo de responsabilidad, porque eran los encargados de manejar el área de la construcción municipal”, confió a este medio el representante del Ministerio Público.
 
Cabe recordar que el 2 de marzo de 2018, la obra del Espacio Multicultural de Santa Teresita se vino abajo y dejó bajo los escombros a seis obreros, que fueron identificados como Daniel León Calhuara, Estanislao Sosa, Eduardo Gustavo Barreto, Huber Quispe, Grover Edson y Luis Ruiz Camacho.
 
Rápido de reflejos, el Municipio se presentó (sin suerte) ante la Justicia como particular damnificado, pero, fuera del rol que a la gestión que encabeza Juan Pablo De Jesús le gustaría encarnar, existen otras miradas que dejan al descubierto las fallas sobre los controles que desde el Ejecutivo local debieron realizarse sobre las etapas de la construcción y, también, sobre la empresa Grupo Perfil SRL, que -en mayo del 2017- ganó la licitación para llevar adelante la obra por un monto que supera los 68 millones de pesos.
 
Al menos así lo indican una serie de documentos a los que La Tecla tuvo acceso. Uno de ellos es el contrato que delimita las responsabilidades de cada una de las partes. En dicho documento, el articulado N° 9 sostiene que “el municipio no se desprende de la posesión material de la obra y ejercerá la superintendencia de los trabajos”.
 
La falta de control por parte del Municipio era un secreto a voces, la tragedia sólo la expuso. Más allá de eso y lo estrictamente legal, lo que molestó a los familiares de las víctimas fue la ausencia de explicaciones por parte del Ejecutivo local. Un testimonio refleja y sintetiza el manejo oficial en torno a la tragedia: post derrumbe no hubo ningún tipo de comunicación por parte del Municipio. Incluso algunos se enteraron el día después, cuando los medios de comunicación oficializaron la lista de las víctimas.
 
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