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Judiciales

La administración Barrera llega sin pruebas producidas a la definición del juicio con EcoPlata por el valor del uso del basural

29-04-2018 En las últimas horas, el juez, dio lugar al planteo de "negligencia" hecho por la empresa. Las dos pruebas ofrecidas por la municipalidad -para determinar el precio que quiere abonar por el servicio- no la pueden producir. Se trata de la causa, donde el empresario le cerró el predio al gobierno local que se negaba a pagar; y donde la justicia obligó a abrirlo y a Barrera a abonar lo mismo que Pinamar, hasta que se resuelva el precio final. Habría sentencia en los próximos meses.

La puja judicial entre el intendente Gustavo Barrera y el empresario Gustavo Pereyra comenzó en octubre de 2016. Por aquel entonces, hubo fuertes batallas, con medidas cautelares, tranqueras cerradas y camiones llenos de basura. Finalmente, la justicia puso las cosas en su lugar. A EcoPlata lo obligó a aceptar los residuos provenientes de Villa Gesell y al municipio a pagar (cosa que no quería) mensualmente igual Tafira que Pinamar, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que es fijar el valor real del servicio que utiliza nuestro municipio.

Pasaron los meses y en los últimos días, el Juez Marcelino Escobar, titular del Contencioso Administrativo de Dolores, resolvió: “no habiendo la actora (municipio) librado los oficios ordenados a fs. 661 en fecha 28/12/2017 ni traídos a confronte con la presentación a despacho, corresponde hacer lugar al planteo de negligencia articulado por la actora respecto de la prueba informativa dirigida a la AFIP y al OPDS oportunamente ofrecida por la actora”.

Los entendidos explican que, de esta manera, el municipio llega a la sentencia del juez sin fundamentos en su postura, algo que permite aventurar que perderá el litigio. Fuentes consultadas por MInutoG, comentaron que la resolución estaría para antes de la feria (mes de julio).

Si el fallo favorece a Pereyra, el gobierno de Barrera no solo deberá pagar lo que el empresario solicite (seria un 20% de lo que abona el municipio de Pinamar) sino que ese precio debe hacerse retroactivo al mediados de 2016. A todo ello, hay que sumarle las costas y honorarios de los abogados, los cuales también correrían por cuenta de la administración Barrera. En resumidas cuentas, si el municipio pierde, lo que deberá desembolsar asciende a una cifra verdaderamente millonaria.

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