Con esta coartada, la defensa del municipio intentaba despistar sobre el propio rol de controlador de la ejecución de la obra que le conferían diversos artículos plasmados en el contrato licitatorio y en el pliego de las bases y condiciones que delimitaban las responsabilidades que le cabían tanto a la parte opública como la privada.
Algunos de ellos fueron especificados por La Tecla como el articulado N° 9 del contrato que sostiene que “el municipio no se desprende de la posesión material de la obra y ejercerá la superintendencia de los trabajos”.
En tanto, en el pliego de bases y condiciones se deja establecido que los planos de obra, instalaciones y cálculos de hormigón armado “serán visados y aprobados por la Dirección de Obras Públicas”. Más adelante, en el mismo documento, se deja explícitamente sentado que “no se autorizará la realización de los trabajos sin que haya sido intervenida por la municipalidad toda la documentación técnica correspondiente a la presente obra”.
Por fuera de los documentos, uno de los obreros que pudo salir con vida, pero prefirió no dar su nombre, aseveró que alrededor de las 11.30 horas de la mañana del derrumbe le avisó al capataz que los puntales que sostenían la estructura “se estaban doblando”.
Germán Jardón y Evangelina Cardone, ediles de Cambiemos, alertaron, además, que “desde el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Mar del Plata, que es la sede a la cual responde nuestra jurisdicción, nos confirmaron que la obra nunca fue visada”.
Cabe destacar que el fiscal que lleva adelante la causa, Gustavo Mascioli, ya había señalado en principio a dos responsables primarios por parte del Municipio: el secretario de Obras Públicas del Partido de La Costa, Juan Pablo García, y el director de esa dependencia, Danilo Taranti. “Lo más lógico es pensar que ellos tengan en prima facie algún tipo de responsabilidad, porque eran los encargados de manejar el área de la construcción municipal”, confió a este medio el representante del Ministerio Público.
El mapa completo de los factores que se conjugaron para que el derrumbe se produjera saldrá a la luz cuando se terminen las instrucciones, pero el propio Jardón -de profesión constructor- tiene sospechas más que fundadas sobre lo que pudo haber salido mal.
“El apuntalamiento falló, la segunda línea de puntales superior a la que venía desde el subsuelo no estaba en línea, hicieron un apuntalamiento y lo continuaron arriba de tablones. El primer puntal apoyaba un tablón; arriba de ese tablón apoyaba un segundo puntal, que era el que sostenía la loza, y ambos estaban en línea, había una separación de 0,80 centímetros y 1,20 metros entre puntales y puntales, de modo que fácilmente se puede quebrar un tablón y ahí se te desmorona todo”, explicó.
El edil agregó que “en el momento de la llenada, la losa se movía mucho, y eso no es normal. Alguien los mandó a estos trabajadores a afirmar los puntales, y ahí, al no estar en línea, donde zafaron un par se vino abajo todo de golpe”.
Un dato clave para la causa, que ya acumula 7 cuerpos y 1.400 fojas de investigación, es conocer si alguno de los obreros sabía de antemano que existía la posibilidad de que la construcción se viniera abajo. Las instrucciones policiales que se realizaron post derrumbe negaron que esa información haya sido ratificada por algunos comerciantes de la zona, pero existen otros que, off the record, aseguran haber tenido trato con Gustavo Barreto, sereno de la construcción y una de las seis víctimas fatales. “Con Gustavo íbamos a la playa a tomar una cerveza, hablábamos de la obra y me comentaba que, si no se derrumbaba, nos íbamos a volver a ver”.
